Sentencia Garzón. Opiniones

lunes 13 febrero 2012

Sentencia Garzón. Opiniones


10.02.2012Andrés Betancor

La sentencia del Tribunal Supremo que condena al magistrado Baltasar Garzón por delito de prevaricación es analizada usualmente desde la vertiente personal. Como la de un destacado político socialista que ha mostrado su preocupación por la condena a “un juez español con este perfil”.

Lo importante, para algunos, es el perfil, la persona, la trayectoria, su ideología… en definitiva, que el condenado sea “uno de los nuestros”. Esta vertiente no me interesa como jurista. Me interesa qué es lo que la sentencia establece y puede ser considerado como una aportación al progreso de nuestro Estado de Derecho.

La sentencia me ha gustado. Es una sentencia argumentada, clara, didáctica. Creo que es una síntesis excelente de qué significa el Estado de Derecho en relación al proceso penal. Con estos ojos quiero analizarla. En primer lugar, la sentencia reitera que todos los poderes y todas las autoridades del Estado están sometidas al Derecho; no hay nadie al margen.

En el caso del poder judicial, “se legitima por la aplicación de la ley a la que está sujeto, y no por la simple imposición de sus potestades” desamparadas del Derecho. El juez no puede sustituir el imperio de la ley por un acto contrario de mero voluntarismo.

En segundo lugar, los derechos fundamentales son el fundamento del orden político y de la paz social (artículo 10 de la Constitución). Uno de estos derechos es el de defensa, el cual es “esencial, nuclear, en la configuración del proceso penal” en el Estado de Derecho.

“La pretensión legítima del Estado en cuanto a la persecución y sanción de las conductas delictivas, sólo debe ser satisfecha dentro de los límites impuestos al ejercicio del poder por los derechos que corresponden a los ciudadanos en un Estado de Derecho”. La Justicia tiene un límite infranqueable: los derechos fundamentales, tal como el derecho de defensa.

Confidencialidad
En tercer lugar, la lesión a este derecho de defensa se produce cuando se violenta la confidencialidad de la relación del abogado con su cliente. Es suficiente la mera escucha, “la interceptación de las comunicaciones, sin que importe la posterior utilización de las grabaciones”. Y con esta lesión se constriñen otros derechos importantes en el seno del proceso penal como el derecho a no declarar, el derecho al secreto profesional y el derecho a la intimidad.

En cuarto lugar, la intervención de las comunicaciones de los abogados con sus clientes sólo puede producirse respetando ciertas garantías. En nuestro Derecho estas garantías son las del artículo 51 de la Ley General Penitenciaria. La interpretación consolidada tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo exige que la intervención sólo puede producirse previa autorización judicial y en los casos de terrorismo. Éstas son dos condiciones habilitantes acumulativas.

En quinto lugar, la prevaricación se produce, como dispone el artículo 446 del Código penal, cuando el juez dicta, a sabiendas, una resolución injusta. Una resolución será injusta cuando es “exponente de una clara irracionalidad” y, además, cuando sabe el juez que “no es conforme a Derecho y que a ella no llegaría empleando los métodos usuales de interpretación, sino solamente imponiendo su propia voluntad, su deseo o su criterio sobre la interpretación racional de la ley”.

La intervención ordenada por Garzón fue prevaricadora por injusta (puesto que “arbitrariamente restringe sustancialmente el derecho de defensa de los imputados en prisión, sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable”) y fruto “a ojos de cualquiera” de “un acto de mero voluntarismo que, por su contenido, se alejaba de modo arbitrario y absoluto de la aplicación razonada del Derecho causando un daño totalmente injustificado y difícilmente reparable en los derechos de defensa de los imputados y, en su medida, en los derechos de los letrados afectados”.

En definitiva, esta sentencia marcará un hito relevante en la historia judicial española. A mi juicio, más por su contenido que por la persona del condenado. Un hito, parafraseando al gran maestro del Derecho, Eduardo García de Enterría, en la lucha contra las inmunidades del poder. Es irrelevante que sea judicial o no judicial: es poder y todo poder debe estar sujeto de manera efectiva a y por el Derecho.

Están en juego los derechos fundamentales. “La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia”. Ésta es la clave. La Justicia debe soportar unos límites para seguir siendo Justicia: los límites del Derecho y de los derechos. Los límites que la separan de la barbarie; de la venganza impulsada por cualquier abyecto fin.

AUTOR Andrés Betancor
FUENTE. Expansión






Enviar un comentario

nombre:
correo electrónico:
url:
Su comentario:

sintaxis html: deshabilitado