Jueces para la Democracia (JpD) considera "una mera proclama populista y mediática" la propuesta del Gobierno

viernes 24 febrero 2012

Jueces para la Democracia (JpD) considera "una mera proclama populista y mediática" la propuesta del Gobierno de que las familias que se encuentran en el umbral de la exclusión puedan saldar su deuda con el banco entregando su vivienda, lo que se conoce como "dación en pago".

En un comunicado, la asociación de jueces progresistas reclama una reforma de la actual legislación hipotecaria por considerar que no reparte de forma equitativa entre las partes afectadas -el banco y el deudor hipotecario- los riesgos y perjuicios de la crisis económica.

JpD denuncia los "graves efectos sociales" de la normativa hipotecaria, que permite a la entidad bancaria adjudicarse la vivienda por un 60 por ciento del valor en el que la tasó y reclamar al ciudadano el resto de la deuda no cubierta.

Esta situación, según la asociación de jueces, requiere reformas legales de carácter imperativo, que se impongan a todas las partes que han suscrito la hipoteca y que no dependan de su voluntad.

Para JpD, un "código de buenas prácticas" entre el sector bancario como el anunciado por el Gobierno no establecerá un marco imperativo al que puedan acudir los deudores hipotecarios, sino que serán los bancos los que libremente decidan si aceptan una dación en pago o un aplazamiento de los pagos.

La reforma planteada por el Ejecutivo, indica el colectivo de jueces progresistas, "no solo es ineficaz, sino que es redundante", puesto que la Ley Hipotecaria ya prevé que el banco y el deudor hipotecario pacten la posibilidad de liquidar definitivamente la deuda con la entrega de la vivienda.

Jueces para la Democracia precisa que en la mayoría de las hipotecas suscritas en los últimos años en España no se incluye la dación en pago porque a los bancos no les interesa, por lo que los deudores, en caso de impago de una cuota, pueden perder su vivienda y quedar sujetos al pago de elevadas deudas.

Esta asociación señala que el ordenamiento jurídico favorece a las entidades bancarias en cuanto a la distribución de los riesgos en un sistema capitalista de mercado, por lo que, en su opinión, "no es de esperar que dejen voluntariamente de beneficiarse de estos privilegios por la aprobación de un código de buenas prácticas entre el sector bancario no vinculante".






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