El PP estudia dar más competencias a los tribunales autonómicos

miércoles 15 febrero 2012

Documentos internos que estudió el PP para elaborar el programa electoral en el apartado de la Justicia revelan que las propuestas que se han estudiado para las futuras reformas van más allá y son más extensas de lo que ha anunciado el ministro de Justicia en las últimas semanas.

Al menos, dos de los documentos que recibió el PP en una suerte de ronda de consultas dentro del sector legal durante el verano, explican con detalle algunos de los anuncios ya realizados por el Ministro en su primera comparecencia en el Congreso. También desgranan lo que podrían ser las futuras reformas que se aborden en el ámbito de la Justicia.

Potenciar las competencias de los tribunales autonómicos, despenalizar conductas del Código Penal, impulsar la figura de los jueces de paz y atenuar la influencia política de las asociaciones judiciales son sólo algunas de las propuestas reflejadas en las consultas realizadas por el PP y que en los próximos meses se pueden materializar en las reformas que se aprueben. Algunos de los planteamientos que se incluyeron en las consultas ya han sido utilizados en sus comparecencias por el titular de Justicia, por lo que no es descabellado que también se tengan en cuenta otras que todavía no han visto la luz pública.

Uno de los expertos consultados por el PP, Javier Laorden, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, propuso que uno de los cambios estructurales necesarios para la Justicia es la de potenciar los Tribunales Superiores de Justicia en la segunda instancia (es decir, en los recursos de apelación). Ello tendría varios efectos positivos, como la de facilitar que haya jueces especialistas en los TSJ (por ejemplo, en materia concursal) porque podrán recibir y estudiar más casos que ahora están diseminados por las audiencias provinciales.

Laorden también puso sobre la mesa una política de nombramientos en los tribunales que se alejara de la politización y que quedaran al margen los “intereses corporativos”, ya que las asociaciones judiciales poseen en este terreno una “importancia negativa”. De esta forma, señalaba el experto, se harían “realidad” los principios de “objetividad, mérito y capacidad”. Precisamente, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apuntó en su comparecencia en el Congreso hace unas semanas que uno de sus objetivos es “disminuir la discrecionalidad de los nombramientos y, desde luego, eliminar cualquier atisbo de politización”.

Otra de las propuestas del ex vocal del CGPJ es la de aprovechar y promocionar las competencias de los jueces de paz con el objetivo de contribuir a “la solución rápida de multitud de cuestiones de escasa cuantía que están colapsando los distintos órdenes jurisdiccionales”.

Más ideas recibió el PP de otro socio del mismo despacho y catedrático de Derecho Civil, Pablo Salvador Coderch. Para este experto, la Justicia tiene muchas necesidades y cabría destacar algunas recomendaciones realizadas por él y no tan conocidas ni debatidas anteriormente con intensidad.

Por ejemplo, Coderch ve necesario “despenalizar conductas que pueden ser atajadas con medidas administrativas o de otro orden”. Por ejemplo, apunta que “sobran faltas en el Código Penal”, a lo que hay que añadir que “los juicios de faltas suponen el 15% de los procesos penales”. Ello permitiría liberar a la jurisdicción Penal de su atasco, lo que se podría conseguir a través de “recuperar la vieja y buena idea conforme a la cual, en igualdad de efectos disuasorios, las sanciones administrativas son preferibles a las penales”.

Este jurista apuesta por “sustituir los actuales 431 partidos judiciales por nuevas demarcaciones establecidas en función de consideraciones geográficas, económicas y políticas razonables”. En la primera instancia, unos tribunales de base resolverían la “miríada” de asuntos sencillos, y se reservarían los casos de mayor complejidad a los de mayor complejidad.

Por otro lado, coincide con Laorden en el sentido de que las Audiencias Provinciales cedan competencias a los Tribunales Superiores de Justicia, que tienen una demarcación autonómica o regional.

En lo que es la propia organización de los tribunales, Coderch propone “cambios en los horarios de apertura de las oficinas y en los de trabajo de jueces y funcionarios”. El motivo es que “la ciudadanía nunca ha acabado de entender por qué un servicio público esencial, como es la Justicia, cierra todas las tardes y un mes cada año”.

Es interesante destacar cómo ambos juristas plantearon ideas que ahora se han dado a conocer por el ministro de Justicia. Por ejemplo, Coderch planteó “limitar y gravar la apelación”, lo que coincide con el anuncio de renovar el régimen de tasas en la Justicia y ampliar el copago existente. También se mostró a favor de que los notarios tramiten divorcios, en concreto en los casos en que exista “acuerdo entre los esposos y en ausencia de afectación de intereses de terceros especialmente necesitados de protección”.

Laorden sugirió “la elección de los vocales del CGPJ por los propios jueces, sin necesidad del sistema de elección parlamentaria”. Incluso, que los elegidos fueran magistrados “de diferentes niveles jurisdiccionales” (primera instancia, Tribunales Superiores de Justicia, etc,).
 






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