El magistrado del Supremo Manuel Marchena ha decidido archivar, por prescripción, la causa abierta a Baltasar Garzón por un supuesto delito de cohecho impropio en el caso de los cursos de Nueva York.

lunes 13 febrero 2012

El magistrado del Supremo Manuel Marchena ha decidido archivar, por prescripción, la causa abierta a Baltasar Garzón por un supuesto delito de cohecho impropio en el caso de los cursos de Nueva York.

 

El magistrado de la Sala de lo Penal Manuel Marchena, que el pasado 27 de enero inculpó a Garzón al considerar acreditados los indicios de que cometió un delito de cohecho impropio, ha acogido el criterio expuesto por el fiscal en un escrito presentado la pasada semana en el que, por primera vez, se invoca la prescripción como causa eximente de la responsabilidad penal.

La defensa del ex juez, condenado el pasado viernes a 11 años de inhabilitación por acordar escuchas ilegales a los imputados del caso Gürtel, también ha alegado ahora la prescripción del delito pero no ante Marchena, sino en un recurso de apelación directamente presentado ante la Sala Penal y aún no resuelto.

El presunto delito atribuido a Garzón consistía en haber solicitado y recibido un millón de dólares de grandes empresas y bancos españoles -varios de ellos con causas abiertas en su Juzgado- para financiar seminarios y conferencias del ex juez en la Universidad de Nueva York.

El escrito del fiscal es consecuencia del traslado de la causa que el 27 de enero acordó el instructor para que la acusación popular y el Ministerio Público presentasen escritos de acusación o solicitasen el sobreseimiento del proceso.

En ese trámite, el fiscal Fidel Cadenas ha instado el sobreseimiento libre con el argumento novedoso de la prescripción. El representante de la Fiscalía argumentó que, aunque la querella admitida a trámite por el Supremo el 28 de enero de 2010 se refería a delitos de prevaricación y cohecho, una vez concluida la investigación Marchena sólo ha apreciado indicios de la segunda imputación, que tiene un plazo de prescripción de tres años.

El abogado de Garzón, Enrique Molina, socio del bufete Ramón y Cajal, al igual que la Fiscalía, había alegado que el supuesto delito "estaría prescrito", ya que el último patrocinio fue recibido por el centro educativo el 17 de mayo de 2006 y la querella admitió hasta el 28 de enero de 2010, pasados ya los tres años que la ley fija como plazo de prescripción.






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