Economía anuncia medidas para solucionar el problema de los desahucios

viernes 24 febrero 2012

Economía anuncia medidas para solucionar el problema de los desahucios


 

Las medidas normativas comenzarán con la definición del colectivo incluido en el umbral de exclusión social. En esta situación estarán las unidades familiares con todos sus miembros en paro y cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia. En todo caso, se establecerán las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso o fraude.

Se promoverá también la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, de modo que, si se llega a ese punto, el precio de la vivienda sea lo más elevado posible. El ministro avanzó que se impulsará un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias ágil y transparente a través del fomento de las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada de ejecuciones de ámbito nacional y la posibilidad de que las subastas se realicen online. Estas medidas se elaborarán en colaboración con el Ministerio de Justicia.

Las reformas legales incorporan también la atenuación de los intereses moratorios, donde hay un margen claro para la moderación, medida también destinada a las personas situadas bajo el umbral de exclusión.

Luis de Guindos explicó también el impulso a un Código de Buenas Prácticas en el que se trabaja con las entidades financieras. Este Código será de adopción voluntaria por parte de las entidades financieras, cuya adhesión se hará pública. Irá destinado igualmente a las personas con riesgo de exclusión social.

El Código contendrá recomendaciones como la posibilidad de que, en caso de ejecución, el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas abonadas o que, alternativamente, se reduzca el capital pendiente en la misma proporción. Con ello se pretende corregir la situación actual en la que, al principio de la vida de la hipoteca, se pagan más intereses que capital. Los gastos y costas, en ocasiones muy elevados, también deberán ser objeto de moderación.

La segunda medida debe contemplar la asunción por la entidad de crédito de una parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías. Se trata de establecer un mecanismo de co-participación que cubra por parte de la entidad financiera de un determinado porcentaje, debido a la deficiencia de la tasación o en la desvalorización que ha sufrido el inmueble.

Se recoge también la posibilidad de permitir la dación en pago como medio liberatorio de la deuda para los mismos casos de exclusión social. Habrá un periodo de carencia para el desalojo de la vivienda que podría situarse en dos años, prorrogable en determinadas circunstancias, en los que el deudor satisfaría una renta a la entidad.

El incentivo para la adopción del Código de Buenas Prácticas por parte de las entidades financieras sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido.

En definitiva, se trata de un conjunto de medidas, cuyo objetivo es paliar de verdad la situación que viven tantas familias españolas en riesgo de desahucio, lo que constituye otro ejemplo de la sensibilidad de este Gobierno con los más desfavorecidos, y exigir un compromiso de solidaridad a los que más tienen.

 

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago, la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca, a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de sus hipotecas, siempre que se trata de la primera vivienda. "La dación en pago debe ser una excepción, pero la triste realidad es que algunas viviendas que entregan las familias es el único activo que tienen", aseguró el ministro en respuesta en una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela Conesa en el Congreso sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras.

Dentro de una serie de medidas recogidas en un "código de buena práctica" y reformas de carácter legal, el ministro adelantó que el Gobierno propondrá que al menos durante dos años estas familias puedan habitar en la vivienda antes de su desalojo.

En concreto, esta periodo "prudencial" podría ser también prorrogable si las familias acuerdan con la entidad financiera una cuota de pago que sea considerado "justo".

Para considerar a estas familias dentro de lo que De Guindos definió como "umbral de exclusión", la dación en pago se permitiría si se condiciona a que se trate de la primera vivienda y a que las familias no cuenten con rentas y patrimonio adicionales. El titular de Economía advirtió de que habrá que actuar con "cautela" para evitar un acogimiento a esta cláusula de forma "abusiva y fraudulenta".

De Guindos aseguró que estas medidas legislativas se estudiarán con el Ministerio de Justicia, para después promover el código de buenas prácticas entre el sector bancario. Eso sí, aclaró que las entidades se podrán acoger a este código de forma "voluntaria".

En este sentido, el ministro también propuso reestructurar las deudas hipotecarias fijando el pago del capital que se adeuda de forma "proporcional" en el número de cuotas pagadas.

Asimismo, dejó abierta la "posibilidad" de que las entidades financieras asuman "parte" del riesgo de las garantías hipotecarias. "Parece razonable que por la deficiente tasación la entidad sea copartícipe", subrayó.

INTERESES DE DEMORA "ABUSIVOS".

Para el colectivo considerado por el Gobierno en el "umbral de exclusión", el ministró también propuso atenuar los intereses de demora, pues admitió que éstos son "abusivos" y existe margen legal para flexibilizarlos.

"El Gobierno es muy sensible a la situación que ha generado la percepción social del gran numero de ejecuciones hipotecarias", defendió De Guindos ante la acusación del diputado de la Izquierda Plural de que el Gobierno "permanece impasible".

NO ES LA "SOLUCIÓN MÁGICA".

Pero el ministro avisó de que lejos de planteamientos "demagógicos", la dación en pago no es la "solución mágica", y puso el acento en que puede mermar la concesión de crédito y reducir el plazo de amortización y la cuantía de los préstamos hipotecarios. "Hay que enmarcarlo en familias incluidas en umbral de exclusión", enfatizó.

Coscubiela Conesa recordó que unas 150.000 familias han sido desahuciadas en los último cuatro años de su vivienda habitual, y subrayó que si el Gobierno ayuda a las familias en situación de impago impulsaría también al sector financiero. "El Gobierno sí es sensible a este tema", replicó De Guindos. EuropaPress
 






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