Bonificación de la tasa judicial por uso de medios telemáticos.

viernes 04 enero 2013

Bonificación de la tasa judicial por uso de medios telemáticos.

Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en su artículo 10 establece literalmente, sobre las Bonificaciones derivadas de la utilización de medios telemáticos, una “bonificación del 10 por 100 sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la misma y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales en los términos que establezca la ley que regula las mismas.”

La falta de rigor jurídico y las numerosas dudas que han surgido de la interpretación de esta Ley hasta la fecha, no son ajenas tampoco a este precepto que por un lado establece como requisitos de aplicación de la bonificación la utilización de medios telemáticos y por otra la remisión a la ley que “regula las mismas”. En un principio, parece deducirse que la necesidad de la “utilización” de estos medios se refiere a los actos materiales de “presentación” de escritos si bien después se amplía al “resto de comunicaciones” con los Juzgados y tribunales. Si por “escritos que originan la exigencia” entendemos el acto procesal que constituye el hecho imponible que origina la tasa, habremos de distinguir entre el tipo de “escrito” a presentar y el lugar o destino de su presentación, toda vez que la utilización de medios telemáticos dependerá de las reglas procedimentales que regulan la presentación de “escritos”.

Antes de abordar la interpretación y en su caso la aplicabilidad de la bonificación prevista en este artículo, conviene recordar el marco normativo que regula la relación del ciudadano con la administración mediante sistemas electrónicos. Aunque la Ley de tasas utiliza el término “telemáticos”, debemos entenderlo asumido por el término “electrónicos” utilizado por la legislación específica de la materia.

Sobre este particular, habremos de estar a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (BOE núm. 150 de 23 de junio de 2007), así como a la Ley 18/2011, de 5 de Julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (BOE núm. 160 de 6 de Julio de 2011.

Por su especialidad, la Ley 18/2011 es aplicable por imperativo de su artículo 2 a la administración de Justicia, a los ciudadanos, a los profesionales que actúan en el ámbito de la justicia así como al resto de Administraciones y organismos públicos. A mayor abundamiento, el propio artículo 10 LTJ in fine remite “en los términos que establezca la ley que regula las mismas” a la normativa aplicable en materia de presentación y comunicaciones electrónicas, esto es, a las ya referidas Ley 11/2007 y Ley 18/2011.

Específicamente la Ley 18/2011 dedica su Título IV a LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES y en su Capítulo III se contienen las normas referidas al REGISTRO DE ESCRITOS, LAS COMUNICACIONES Y LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.

El artículo 30 de la Ley 18/2011 recoge la obligación de las Administraciones competentes de dotar a las oficinas judiciales con funciones de registro, de los medios electrónicos adecuados para la recepción y registro de escritos y documentos, traslado de copias, realización de actos de comunicación y expedición de resguardos electrónicos a través de medios de transmisión seguros, estableciéndose asimismo en el artículo 33 sobre comunicaciones electrónicas que los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con la Administración de Justicia, sea o no por medios electrónicos, con sujeción a lo dispuesto en la legislación procesal y que los profesionales de la justicia deberán realizar sus comunicaciones por medios electrónicos.

De lo expuesto, pueden extraerse varias conclusiones previas. Por un lado que el ciudadano, tiene el derecho, que no la obligación, a una comunicación con la administración de Justicia a través de medios electrónicos o mal llamados telemáticos (arts. 1, 6 y 27 Ley 11/2007 ). Por otro lado, según el mismo art. 27 Ley 11/2007 estarán obligados a utilizar la vía electrónica como cauce de comunicación con la Administración de Justicia los que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Si conjugamos el derecho del ciudadano con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Tasas Judiciales y más específicamente con la Orden que desarrolla la propia Ley, se observa que el primero ve vulnerado su derecho a comunicarse electrónicamente con la Administración de justicia cuando ésta no ha sido dotada de los medios adecuados. Asimismo, se vulnera su derecho a elegir el modo de comunicación con la Administración Tributaria cuando le obliga a una comunicación electrónica para la cumplimentación de la tasa judicial al exigir a éste, si es persona física y opta por la presentación “en formato papel” a obtener e imprimir el resultado de cumplimentar el formulario correspondiente en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la que sólo se puede acceder a través medios electrónicos.

No parece vulnerarse el derecho del ciudadano cuanto éste es una entidad adscrita a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a alguna de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas de las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ni aquellas entidades que tengan forma jurídica de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, ya que la obligación de la presentación de las tasas judiciales obligatoriamente por vía telemática viene amparada en el art. 27 Ley 11/2007 por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Establecida la obligación de la comunicación electrónica de los profesionales de la Justicia por aplicación del art. 33.5 de la Ley 11/2007 cuando indica que deberán realizar sus comunicaciones por medios electrónicos cuando técnicamente estén disponibles, resulta de lógica jurídica que la bonificación prevista en el art. 10 LTJ sea aplicable cuando éstos disponen y utilizan dichos medios, más cuando el sistema de comunicación procesal (LEXNET) resulta de obligado uso a los Procuradores de los Tribunales. La falta de un sistema electrónico para la presentación de escritos no puede servir de excusa jurídica para la inaplicabilidad de la bonificación cuando es la propia administración la que, pese a su obligación de dotación de medios (artículo 30 de la Ley 18/2011), no posibilita ni garantiza esta posibilidad.

Así, el Real Decreto 84/2007, de 26 de enero, sobre implantación en la Administración de Justicia del sistema informático de telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos, establece que en todo caso, la utilización y funcionamiento del sistema telemático Lexnet se regirá, en lo que resulte aplicable, por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, aprobado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 15 de septiembre, en la Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por la que se aprueba el Código de Conducta para usuarios de Equipos y Sistemas Informáticos al Servicio de la Administración de Justicia y por lo establecido en la demás normativa que pudiera resultar de aplicación en el ámbito de la Administración de Justicia, que ha sido desarrollado por los acuerdos e instrucciones de las Secretarías y comisiones provinciales, estableciendo la obligación de los Procuradores de los Tribunales a la conexión y utilización de la plataforma Lexnet.

Hasta aquí, podríamos concluir que en la práctica procesal, cuando el ciudadano accede a la Justicia a través de un profesional, procurador y/o en su caso abogado, podrá beneficiarse de la bonificación del 10% de la tasa judicial al estar aquellos obligados (art. 33.5 de la Ley 11/2007) a utilizar medios telemáticos en la presentación de los escritos que originan la exigencia de la tasa así como en el resto de las comunicaciones con los juzgados.

El principio de igualdad ante la Ley parece quebrar cuando el ciudadano accede a la justicia sin la intervención de un profesional habilitado, toda vez que, en aquellos supuestos en los que la intervención de abogado y procurador no es preceptiva, podrá optar por acudir a los Tribunales sin la representación procesal ni la dirección letrada que la ley le exime de utilizar, sin amparar en cambio, su derecho a optar por una comunicación electrónica con la Administración de justicia en la que fundar su derecho a una bonificación en la tasa judicial.

Esta situación se dará por ejemplo en los procedimientos monitorios con cuantía superior a 2.000€ en los que, no siendo preceptiva la intervención de Procurador o abogado, estará obligado al abono de tasa judicial al superar el límite previsto en la exención objetiva del art. 4.1.e) Ley 10/2012.
Pero al margen de los escasos supuestos en los que el justiciable se beneficie del art. 10 de la LTJ cuando realiza un hecho imponible sin intervención de abogado ni procurador por no ser ésta preceptiva, abundan los supuestos en los que la demanda se interpone por el ciudadano directamente aún siendo necesaria la intervención de aquellos. La consideración por nuestros tribunales de este defecto como perfectamente subsanable, implicaba hasta ahora el necesario requerimiento al accionante para la subsanación del defecto advertido, si bien tras la entrada en vigor de la Ley de tasas trae sin duda nuevos planteamientos a los que deberá dar respuesta la doctrina y la Jurisprudencia. Así, si el devengo de la tasa nace según el art. 5 LTJ con la mera interposición de la demanda o recurso, el ciudadano aún no requerido por el defecto de falta de firma del profesional, habrá de abonar la tasa sin posibilidad de aplicar la bonificación prevista en el art. 10 LTJ. Abonada aquella, será cuando exista un pronunciamiento sobre la admisibilidad del acto procesal gravado según el art. 8 LTJ con el consiguiente requerimiento sobre del defecto procesal observado.






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