Tratamiento fiscal de las Provisiones de fondos para la elaboración de informes periciales por Peritos

domingo 17 febrero 2013

Tratamiento fiscal de las Provisiones de fondos para la elaboración de informes periciales por Peritos.

NORMATIVA ESTUDIADA

RD 1496/2003 de 28 noviembre 2003. Aprobación del Rgto. por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Rgto. del IVA art.2 , art.6 Ley 37/1992 de 28 diciembre 1992. Impuesto sobre el Valor Añadido IVA art.75 , art.88

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)

HECHO IMPONIBLE

Prestación de servicios

DEVENGO

Prestación de servicios

SUJETOS PASIVOS

Repercusión

Obligaciones

En general

En materia de facturación

FICHA TÉCNICA

Legislación

Aplica art.2, art.6 de RD 1496/2003 de 28 noviembre 2003. Aprobación del Rgto. por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Rgto. del IVA Aplica art.75, art.88 de Ley 37/1992 de 28 diciembre 1992. Impuesto sobre el Valor Añadido IVA Cita RD 1065/2007 de 27 julio 2007. Reglamento general de actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria Cita art.89.1 de Ley 58/2003 de 17 diciembre 2003. Ley General Tributaria Cita RD 1496/2003 de 28 noviembre 2003. Aprobación del Rgto. por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Rgto. del IVA

Núm. de consulta vinculante 1944/2009

SUPUESTO DE HECHO

Perito arquitecto que recibe provisiones de fondos para la realización de dictámenes periciales.

CUESTIÓN PLANTEADA

Obligación de facturar dichas provisiones de fondos y a quién se deben facturar.

- Forma de realizar las declaraciones informativas de terceras personas. (modelo 347)

RESPUESTA

1.- Las normas relativas al devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido se contienen en el artículo 75 de la Ley 37/92, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido EDL 1992/17907 (Boletín oficial del Estado del 29), que se refiere en su apartado dos de forma específica a los pagos efectuados con anterioridad a la realización del hecho imponible en los siguientes términos:

"Artículo 75. Devengo del Impuesto.

(...)

Dos. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos anticipados anteriores a la realización del hecho imponible el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos".

Por lo tanto, la provisión de fondos percibidos por el consultante a que hace referencia el escrito de consulta, previa a la realización

de la operación objeto de consulta, tendrá, con carácter general, la consideración de pagos anticipados, cuyo cobro origina el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido en la medida correspondiente a los importes percibidos. La repercusión del Impuesto deberá efectuarse, conforme a lo previsto en el artículo 88, apartado dos de la Ley 37/92 EDL 1992/17907 , mediante factura o documento sustitutivo, en las condiciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.

Asimismo, el artículo 88, apartado tres de dicha Ley establece que la repercusión del Impuesto deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar factura o documento sustitutivo correspondiente.

2.- Por otra parte, conviene reseñar que el artículo 2, apartado 1, segundo párrafo del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre EDL 2003/136134 (Boletín Oficial del Estado del 29), declara que "también deberá expedirse factura y copia de ésta por los pagos recibIdos con anterioridad a la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios por las que debe asimismo cumplirse esta obligación conforme al párrafo anterior". Por su parte, el artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación dispone que:

"1. Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera otras menciones:

(...)

c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. En los supuestos a que se refiere el artículo 2.3, se consignarán como datos del expedidor los del sujeto pasivo destinatario de los bienes o servicios. Asimismo deberán constar los del proveedor de los bienes o servicios.

(...)"

En el citado Reglamento no se define quién debe figurar como destinatario en las facturas que expidan los empresarios o profesionales por las operaciones que realicen.

A tales efectos, y según reiterada doctrina de este Centro directivo, se debe considerar destinatario de las operaciones aquél para quien el empresario o profesional realiza la entrega de bienes o prestación de servicios gravada por el Impuesto y que ocupa la posición de acreedor en la obligación (relación jurídica) en la que el referido empresario o profesional es deudor y de la que la citada entrega o servicio constituye la prestación.

Al respecto, cabe recordar que, según el concepto generalmente admitido por la doctrina, por obligación debe entenderse el vínculo jurídico que liga a dos (o más) personas, en virtud del cual una de ellas (deudor) queda sujeta a realizar una prestación (un cierto comportamiento) a favor de la otra (acreedor), correspondiendo a este último el correspondiente poder (derecho de crédito) para pretender tal prestación.

Pues bien, de acuerdo con lo expuesto, debe entenderse como destinatario de las operaciones, cuya identificación debe consignarse en la correspondiente factura, a la persona física o jurídica obligada frente al sujeto pasivo a efectuar el pago de la contraprestación, con independencia, en cualquier caso, de quien sea la persona o entidad que efectúe el pago material de las mismas.

En ningún caso resultaría ajustado a derecho que en la correspondiente factura figure como destinatario de la operación la persona o entidad que efectúa el pago de la misma, cuando dicha persona no sea la obligada a su pago frente al sujeto pasivo, sin perjuicio, en su caso, de hacer una mención a dicha circunstancia en la propia factura.

3.- En relación con la declaración informativa modelo 347, el consultante formula la cuestión de la consignación en la declaración anual de operaciones con terceras personas de las provisiones de fondos cobradas como consecuencia de dictámenes periciales, teniendo en cuenta que, según manifiesta, no siempre conoce la identidad de las persona o entidad que promueve el peritaje y, a veces, por sentencia judicial, la persona finalmente obligada a satisfacer el peritaje es distinta de la que promovió su actuación.

La provisión de fondos que menciona el consultante, en la medida que supone un cobro previo por los servicios de peritaje que va a realizar, tendrá la consideración de anticipo. En este sentido, el artículo 35.1 y 3 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio EDL 2007/115078 , (BOE de 5 de septiembre), señala:

"1. Las operaciones que deben incluirse en la declaración anual son las realizadas por el obligado tributario en el año natural al que se refiere la declaración.

A estos efectos, las operaciones se entenderán producidas el día en que se expida la factura o documento sustitutivo que sirva de justificante de las mismas.

(...)

3. Los anticipos de clientes y a proveedores y otros acreedores constituyen operaciones que deben incluirse en la declaración anual. Cuando posteriormente se efectúe la operación, se declarará el importe total de la misma, minorado en el importe del anticipo anteriormente declarado, siempre que el resultado de esta minoración supere, junto con el resto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad, el límite cuantitativo establecido en el artículo 33.1."

En la medida en la que, como se ha señalado, la provisión de fondos a la que se refiere la consulta es un anticipo, deberá consignarlo en la declaración anual de operaciones con terceras personas, de acuerdo con el artículo 35.1 y 3 antes mencionado, en el ejercicio en el que se expida la factura o documento sustitutivo que sirva de justificante de las mismas.

Por otra parte, el artículo 33.1 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, establece: "Los obligados tributarios a que se refiere el artículo 31.1 de este reglamento deberán relacionar en la declaración anual todas aquellas personas o entidades, cualquiera que sea su naturaleza o carácter, con quienes hayan efectuado operaciones que en su conjunto para cada una de dichas personas o entidades hayan superado la cifra de 3.005,06 euros durante el año natural correspondiente. A tales efectos, se computarán de forma separada las entregas y las adquisiciones de bienes y servicios.

(...)

Con las excepciones que se señalan en el apartado siguiente, en la declaración anual se incluirán las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes y servicios sujetas y no exentas en el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como las no sujetas o exentas de dicho impuesto."

En consecuencia, dada la conexión de la declaración de operaciones con terceras personas y el Impuesto sobre el Valor Añadido, las terceras personas a consignar en dicha declaración, en el caso concreto al que se refiere la consulta, serán aquellas a las que se les emite la factura (todo ello en conexión con lo expresado en el artículo 35.1 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos

de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos).

Para el caso de que con posterioridad se determine que la tercera persona es distinta de la que se consigno en primer lugar, el artículo 118 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, señala:

"1. Tendrán la consideración de declaraciones complementarias las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad, en las que se incluyan nuevos datos no declarados o se modifique parcialmente el contenido de lasanteriormente presentadas, que subsistirán en la parte no afectada. Tendrán la consideración de declaraciones sustitutivas las que se refieran a la misma obligación tributaria y periodo que otras presentadas con anterioridad y que las reemplacen en su contenido.

(...)

3. Podrán presentarse declaraciones complementarias o sustitutivas de otras presentadas con anterioridad en cumplimiento de una obligación formal.

4. En las declaraciones complementarias y sustitutivas se hará constar expresamente si se trata de una u otra modalidad, la obligación tributaria y el periodo a que se refieren."

Conforme con a este precepto, el consultante podrá presentar una declaración complementaria de otras presentadas con anterioridad en cumplimiento de una obligación formal en la que se modifique parcialmente el contenido de las anteriormente presentadas, consignando la nueva tercera persona, subsistiendo en la parte no afectada la anteriormente presentada, señalando expresamente que

se trata de una declaración complementaria.

4.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de

17 de diciembre EDL 2003/149899 , General Tributaria

 


Tratamiento fiscal de las Provisiones de fondos para gastos y suplidos. Aplicabilidad IRPF/IVA.

domingo 17 febrero 2013

Tratamiento fiscal de las Provisiones de fondos para gastos y suplidos. Aplicabilidad IRPF/IVA.

NUM-CONSULTA V0267-06

FECHA-SALIDA 13/02/2006

NORMATIVA Ley 37/1992 art. 78

CUESTION-PLANTEADA . PROVISION FONDOS/SUPLIDOS/IVA

Ley ha establecido la posibilidad de excluir de la base imponible las partidas habitualmente denominadas “suplidos”. Según diversas resoluciones vinculantes de la Dirección General de Tributos (entre otras, de fechas 1 de septiembre de 1986 - Boletín Oficial del Estado de 10 de septiembre- y de 24 de noviembre de 1986 - Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre), para que tales sumas tengan la consideración de suplidos y no se integren en la base imponible de las operaciones realizadas por la empresa para el cliente en nombre y por cuenta del cual han sido satisfechos los correspondientes importes, deben concurrir todas las condiciones siguientes:

1º. Tratarse de sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente.

La realización del gasto en nombre y por cuenta del cliente deberá acreditarse ordinariamente mediante la correspondiente factura expedida a cargo del destinatario y no del intermediario agente, consignatario o comisionista que le está “supliendo".

2º. El pago de las referidas sumas debe hacerse en virtud de mandato expreso, verbal o escrito, del propio cliente por cuya cuenta se actúe.

3º. La justificación de la cuantía efectiva de dichos gastos se realizará por los medios de prueba admisibles en Derecho.

En consecuencia, cuando se trate de sumas pagadas en nombre propio, aunque sea por cuenta de un cliente, no procede la exclusión de la base imponible del Impuesto de la correspondiente partida por no ajustarse a la definición de "suplido" incluida en el artículo 78 de la Ley.

En los "suplidos", la cantidad percibida por el mediador debe coincidir exactamente con el importe del gasto en que ha incurrido su cliente. Cualquier diferencia debería ser interpretada en el sentido de que no se trata de un auténtico "suplido", ya que el mediador no se limita a trasladar un coste sino que ha añadido valor al servicio de que se trate.

También podrán considerarse destinadas a "suplidos", si concurren las circunstancias anteriores, las provisiones de fondos consistentes en el anticipo de una cantidad global a justificar en función de los "suplidos" habidos. No obstante, formarán parte de la base imponible y originarán el devengo del Impuesto las cantidades que se destinen efectivamente a retribución de servicios prestados en nombre propio, cualquiera que sea la calificación que las partes den a la contraprestación.

2.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 


CONCLUSIONES PRESIDENTES DE AUDIENCIAS PROVINCIALES PONENCIA HACIA NUEVOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

domingo 17 febrero 2013

CONCLUSIONES PRESIDENTES DE AUDIENCIAS PROVINCIALES PONENCIA HACIA NUEVOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El juicio oral es un espacio donde se visualiza cómo se ejerce el poder por parte de los jueces. En esa medida debe procurarse crear todas las condiciones necesarias para la garantía efectiva del derecho a la igual consideración y respeto de todas las personas que intervienen en el mismo.

Los jueces que presiden los actos de juicio deben comprometerse de forma decidida en la garantía de las condiciones comunicativas igualitarias y defensivas reclamadas por la idea del proceso justo y equitativo.

En particular en el proceso penal, el juicio oral debe ser un espacio de garantía

activa de los derechos de defensa. Por ello, las condiciones escénicas de su desarrollo deben responder a dicho objetivo constitucional. La posición que deben ocupar las personas acusadas en la sala debe evitar la estigmatización y el estímulo de predicciones sociales creativas de culpabilidad. En particular, en los juicios con alta carga mediática. El juicio oral, además, debe desarrollarse en adecuadas condiciones victimológicas. Los jueces deben procurar en todo momento que las personas que acuden al acto procesal como presuntas víctimas del hecho justiciable sean informadas y sientan en todo momento que su dignidad personal es respetada.

 


CONCLUSIONES DE LOS PRESIDENTES DE AUDIENCIAS PROVINCIALES EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES

domingo 17 febrero 2013

CONCLUSIONES DE LOS PRESIDENTES DE AUDIENCIAS PROVINCIALES EN MATERIA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES

La realización de la justicia penal exige el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia que pone término al proceso. El retraso en el trámite de ejecución:

1) Abona la imagen de ineficacia de la Justicia Penal; 2) Resiente la obtención de tutela judicial por parte de la víctima y 3) Supone un perjuicio añadido para quien debe soportar los pronunciamientos de condena.

La atención sucesiva de las distintas posibilidades de suspensión de la pena o de cumplimiento alternativo de la misma, abre una secuencia de incidentes que demoran desmesuradamente el cumplimiento completo de lo dispuesto en la Sentencia. Debería introducirse en la Ley un proceso regulado de ejecución penal que prevea que el penado reclame de manera acumulada y alternativa la totalidad de los beneficios o condiciones de cumplimiento cuya aplicación pretenda, proponiendo todas las comprobaciones que apoyen sus pretensiones. Dicho proceso habría de ser contradictorio, con audiencia del Ministerio Fiscal y práctica de las comprobaciones necesarias para justificar el posicionamiento del Ministerio Público. Tras la práctica de las comprobaciones precisas y oídas las partes acerca de su incidencia respecto de las pretensiones del penado, el órgano judicial encargado de la ejecución debería resolver, de manera global y completa, los términos de ejecución de las penas impuestas, estando sometida esta decisión a un solo recurso.

Se recomienda la creación de órganos especializados de ejecución en todos aquellos territorios en los que el volumen de asuntos así lo aconseje. Mientras no exista regulación legal de cobertura, se admite y recomienda abordar un método de ejecución concentrada sirviéndose de proveídos que lo definan y apliquen.

 


CONCLUSIONES DE LOS PRESIDENTES DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES SOBRE AGILIZACIÓN EN MATERIA DE EJECUCIÓN CIVIL

domingo 17 febrero 2013

CONCLUSIONES DE LOS PRESIDENTES DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES SOBRE AGILIZACIÓN EN MATERIA DE EJECUCIÓN CIVIL

Los Presidentes de las Audiencias Provinciales proponemos:

1.- Considerar la conveniencia y oportunidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una figura similar al Huissier europeo, encomendando, por vía de delegación, funciones de gestión de la ejecución civil a los Procuradores, como miembros de un colectivo jurídico que goza de preparación y experiencia y dispone de tecnología suficiente.

2.- Apoyar e incentivar iniciativas sobre traslado, depósito y ulterior realización de bienes muebles embargados, como ha plasmado en el Convenio de 25 de julio de 2007 suscrito por el Consejo General de los Colegios de Procuradores de España con una empresa de guardamuebles.

3.- Sugerir al Legislador la necesidad de desarrollar normativamente la figura de la dación en pago, con operatividad de cara al futuro, como posible solución a la actual problemática social de la ejecución.

 


CONCLUSIONES DE LOS PRESIDENTES DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES SOBRE AGILIZACIÓN EN MATERIA DE EJECUCIÓN CIVIL

domingo 17 febrero 2013

CONCLUSIONES DE LOS PRESIDENTES DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES SOBRE AGILIZACIÓN EN MATERIA DE EJECUCIÓN CIVIL. Procuradores

Los Presidentes de las Audiencias Provinciales proponemos:

1.- Considerar la conveniencia y oportunidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una figura similar al Huissier europeo, encomendando, por vía de delegación, funciones de gestión de la ejecución civil a los Procuradores, como miembros de un colectivo jurídico que goza de preparación y experiencia y dispone de tecnología suficiente.

2.- Apoyar e incentivar iniciativas sobre traslado, depósito y ulterior realización de bienes muebles embargados, como ha plasmado en el Convenio de 25 de julio de 2007 suscrito por el Consejo General de los Colegios de Procuradores de España con una empresa de guardamuebles.

3.- Sugerir al Legislador la necesidad de desarrollar normativamente la figura de la dación en pago, con operatividad de cara al futuro, como posible solución a la actual problemática social de la ejecución.

Fuente. La Ley. Práctica de Tribunales

 


Aplicabilidad de las tasas judiciales en procedimientos matrimoniales

domingo 17 febrero 2013

Aplicabilidad de las tasas judiciales en procedimientos matrimoniales. Manuel Merelles Pérez. Artículo ACEPTADO 17_01_13. LA LEY. GWK. Revista Práctica de Tribunales 101 correspondiente a los meses de Marzo/Abril de 2013.

RESUMEN. La Ley 10/2012 sobre tasas judiciales, además de suscitar enormes dudas sobre su constitucionalidad, ha venido a provocar lo que el espíritu de su exposición de motivos trataba de paliar, un verdadero colapso jurisdiccional a causa de las dudas interpretativas sobre su aplicabilidad, que han venido a suponer, por tratarse de un requisito de admisibilidad, una conversión de nuestros Juzgados y Tribunales en órganos gestores de la Administración Tributaria obligados a sentar criterios orientadores ajenos a su misión de juzgar y ejecutar lo juzgado. En este trabajo se analiza la aplicación de la Ley 10/2012 sobre tasas judiciales en los procedimientos matrimoniales, la aplicabilidad y determinación de la cuota fija y base imponible sujeta a gravamen, así como su incidencia en materia de condena en costas procesales.

PALABRAS CLAVE. Tasa judicial. Procesos matrimoniales. Cuota fija y variable. Base imponible. Costas. Exigencias formales. Criterios interpretativos. Exenciones. Alimentos. Menores. Principio de prohibición de la analogía.


Bonificación de la tasa judicial por uso de medios telemáticos

domingo 17 febrero 2013

Bonificación de la tasa judicial por uso de medios telemáticos. Manuel Merelles Pérez VER PUBLICACION

RESUMEN. La Ley 10/2012 sobre tasas judiciales prevé una bonificación del 10 por 100 sobre la tasa por actividad judicial para los supuestos en que se utilicen medios telemáticos en la presentación de los escritos y en el resto de las comunicaciones con los juzgados y tribunales. En este trabajo se analiza la aplicabilidad de dicha bonificación sobre las tasas judiciales en la práctica procesal bajo la normativa actualmente en vigor.

PALABRAS CLAVE. Tasa judicial. Medios telemáticos y electrónicos. Bonificaciones. Lexnet. Procuradores. Oficina judicial. Servicios de presentación y traslado de escritos.

 


Aplicabilidad de las tasas judiciales en supuestos de solicitud de concurso necesario instado por los trabajadores

domingo 17 febrero 2013

Aplicabilidad de las tasas judiciales en supuestos de solicitud de concurso necesario instado por los trabajadores. Manuel Merelles Pérez. Artículo ACEPTADO 06_02_13-ENVIADO 31_01_13. La ley. GWK. Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. Ed. Web.

RESUMEN. La Ley 10/2012 sobre tasas judiciales prevé como uno de los hechos imponibles la solicitud de concurso necesario. En este trabajo se analiza la aplicabilidad de la tasa en los casos de concurso necesario solicitado por los trabajadores.

PALABRAS CLAVE. Tasa judicial. Concurso necesario. Orden social. Exención parcial.

 


Criterios aplicación tasas judiciales

domingo 17 febrero 2013

Criterios aplicación tasas Juzgados Familia Vitoria.

Acuerdo gubernativo de fecha 22/1/2013 de las Sras. Magistradas y Secretarias Judiciales de los Juzgados de Familia núm. 4 y 8 de Vitoria, en relación al devengo de tasas en los procesos de familia conforme a la Ley 10/12

1º.-No se devengará tasa en los procesos que se tramiten por el artículo 777 de la LEC. Si los iniciados por vía contenciosa hubiesen devengado tasa se aplicará lo dispuesto en el artículo 8.5 (devolución del 60%).

2º.-En los procesos que se tramiten por vía contenciosa (art. 770 de la LEC) no se devengará tasa cuando existan hijos comunes menores de edad. Tampoco en las modificaciones de medidas (art. 775 de la LEC), ejecución de sentencia y medidas previas de tales procesos.

3º.-No se exigirá el devengo de la tasa en los procesos de guarda y custodia y alimentos de hijos menores de edad (artículo 748-4 de la LEC), modificación de medidas, ejecución y en las medidas cautelares de estos procesos tramitados por vía contenciosa (art. 770 y 775 de la LEC).

4º.-No se exigirá el devengo de tasas en las medidas cautelares del artículo 158, régimen de visitas de abuelos (artículo 160) o procesos del artículo 156 (discrepancias en el ejercicio de la patria potestad) todos ellos del Código Civil.

5º.-Se exigirá la tasa correspondiente en los supuestos del apartado 2º cuando no existan hijos comunes menores de edad o la modificación de medidas o ejecución se refieran a medidas que no afectan a los menores. Igualmente se devengará tasa en los procesos verbales de alimentos entre parientes (art. 142 del Código civil).

6º.-Respecto a los procesos liquidatorios de los artículo 806 y siguientes de la LEC, incluidos los posteriores de adición, se devengará la tasa si tras la comparecencia ante el Sr. Secretario no existiese acuerdo y se convocase al juicio verbal previsto en el art. 809 de la LEC.

7º.-En los demás procesos a los que se refiere lea Ley 10/2012 y que son competencia de los Juzgados de Familia se estará a lo establecido en dicha norma.

El justificante de pago de la tasa deberá de presentarse con la demanda o recurso o bien en el plazo de diez días desde el requerimiento que se practique.

Se dará curso a las demandas que, cumpliendo todos los requisitos procesales, presenten justificante de autoliquidación, con independencia de la cuantía resultante de la misma, si bien por parte del Juzgado se comunicará a la AEAT, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 12 de la Orden HAP/2662/2012, la cuantía del procedimiento. Por tanto, la correcta autoliquidación de la tasa no será objeto de comprobación por el Juzgado, sino, en su caso, por la AEAT.

Criterios aplicación tasas Juzgados Mercantil Málaga.

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA LEY DE TASAS SECRETARIOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL DE MÁLAGA DON JOSÉ MARÍA CASASOLA DÍAZ, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º1 de Málaga, DOÑA MARINA PAREJA SÁNCHEZ, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 bis de Málaga y DOÑA CATALINA CADENAS DE GEA, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º2 de Málaga han adoptado provisionalmente los siguientes criterios sobre la aplicación práctica de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. La provisionalidad de los presentes criterios obedece a que se ha elevado Consulta Tributaria a la Dirección General de Tributos de la Secretaría de Estado de Hacienda por el Secretario Judicial sr. Casasola Díaz sobre los extremos que más adelante se dirán: 1º.- ¿Está exenta la Administración Concursal de abonar tasa en los incidentes concursales? A la espera de la contestación a la consulta realizada a la Dirección General de Tributos, los Secretarios Judiciales de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga entienden que no están exentos, siendo dichas tasas con cargo a la masa; incluso las que se devenguen por la interposición de acciones de reintegración, toda vez que siempre son en beneficio de la masa y no del Administrador Concursal, que entendemos no está obligado a abonarlas con cargo a su retribución. 2º.- ¿Está exento el concursado de abonar tasa en los incidentes concursales? A la espera de la contestación a la consulta realizada a la Dirección General de Tributos, los Secretarios Judiciales de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga entienden que no están exentos. 3º.- ¿Está exenta la Administración Concursal o el concursado de abonar tasa en los recursos de apelación o suplicación? A la espera de la contestación a la consulta realizada a la Dirección General de Tributos, los Secretarios Judiciales de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga entienden que no están exentos. 4º.- ¿Está exento el trabajador de abonar tasa en los incidentes en materia laboral del artículo 195 de la Ley Concursal? Los Secretarios Judiciales de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga entienden que sí están exentos por tratarse de una reclamación propia de la Jurisdicción Social y por tanto exenta, de conformidad a lo previsto en la Ley de Tasas, que sólo grava en el ámbito laboral la interposición de los recursos de suplicación y de casación. 5º.- ¿Cuál es la cuantía a tener en cuenta como base minutable en los concursos necesarios? Los Secretarios Judiciales de los Juzgados de lo Mercantil de Málaga entienden que ésta es indeterminada, toda vez que en el momento de solicitud de declaración de concurso el obligado al pago de la tasa desconoce la cuantía tanto del activo como del pasivo.

Criterios aplicación tasa por juzgados familia de Barcelona

CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA TASA JUDICIAL (impuesta por LA LEY 10/12, DE 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en la Administración de Justicia), adoptados conforme reunión de los Secretarios Judiciales de los Juzgados de Familia de Barcelona en fecha 17/01/2013

ACTOS SUJETOS A TASA:

1. Presentación de demanda en procedimientos de divorcio, separación, nulidad, ruptura de pareja estable y modificación de medidas en los que no estén interesados menores de edad. Se consideran de cuantía indeterminada en todos los casos, con independencia de las pretensiones que se ejerciten.

2. Presentación de demanda en procedimientos de divorcio, separación, nulidad, ruptura de pareja estable y guarda y custodia y alimentos y modificación de medidas en los que estén interesados menores de edad pero, además de la guarda y custodia y alimentos de hijos menores, se incluyan otras pretensiones sobre las que el juez no deba pronunciarse de oficio (división de cosa común, prestación compensatoria, compensación económica). Se consideran de cuantía indeterminada en todos los casos.

3. Oposición a la ejecución de títulos judiciales. Se consideran de cuantía indeterminada los procedimientos de ejecución de régimen de visitas.

4. Interposición de recurso de apelación en procedimientos sujetos a tasa, salvo que el recurso verse exclusivamente sobre guarda y custodia o alimentos de menores. La cuantía del procedimiento será la que corresponda al procedimiento principal, conforme a lo establecido en los apartados 1 y 2.

5. Presentación de demanda de alimentos entre parientes (mayores de edad). La cuantía del procedimiento es la determinada por la LEC (art. 251.7)

6. Formulación de escrito de reconvención en los procedimientos previstos en el apartado 1 y 2, siempre y cuando se trate de medidas sobre las que el juez no deba pronunciarse de oficio.

EXENCIONES AL PAGO DE LA TASA:

1. Presentación de demandas de divorcio, separación, nulidad, ruptura de pareja estable y guarda y custodia y alimentos y modificación de medidas de caracter consensual.

2. Presentación de demandas de divorcio, separación, nulidad, ruptura de pareja estable y guarda y custodia y alimentos y modificación de medidas de caracter contencioso, pero que versen exclusivamente sobre guarda y custodia y/o alimentosa menores.

3. Escrito inicial de solicitud de medidas previas a la demanda.

4. Solicitud de medidas coetáneas a la demanda.

5. Exequatur y ejecución de sentencias dictadas por tribunales eclesiásticos.

6. Presentación de escrito inicial y demandas del art. 780 LEC.

7. Solicitudes de jurisdicción voluntaria.

8. Solicitud de medidas del art. 158 del Código Civil y 236.3 del Codi Civil Catalán.

9. Presentación de demanda en el juicio verbal previsto por el art. 250.1.13 LEC.

10. Presentación de demandas en procedimientos de filiación

11. Presentación de solicitud de formación de inventario a la que se refiere el art. 808 de la LEC, o de solicitud de liquidación del art. 810. Las demás incidencias que se produzcan en estos procedimientos tampoco devengan tasa.

OTRAS INCIDENCIAS:

Se aplicará lo dispuesto por el art. 8.5 de la Ley 10/12, de 20 de noviembre, (devolución del 60% del importe de la cuota de la tasa) en los supuestos de transformación a procedimientos consensuales de procedimientos contenciosos que hubiesen devengado tasa.

PRESENTACIÓN DEL JUSTIFICANTE DE PAGO

El justificante del pago de la tasa deberá presentarse con la demanda o recurso o bien en el plazo de diez días desde el requerimiento que se practique. Se dará curso a las demandas que, cumpliendo todos los requisitos procesales, presenten justificante de autoliquidación, con independencia de la cuantía resultante de la misma, si bien por parte del Juzgado se comunicará la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en cumplimiento de lo dispuesto por el art 12 de la Orden HAP/2662/2012, la cuantía del procedimiento. Por lo tanto, la correcta autoliquidación de la tasa no será objeto de comprobación por el juzgado, sino, en su caso, por la AEAT.

Criterios aplicación tasa por juzgados familia de Alicante

Acuerdo adoptado por los Secretarios de los Juzgados de Familia (n° 8 y 10) relativo a las tasas judiciales
En Alicante, a quince de enero de dos mil trece.
Los Secretarios de los Juzgados de Familia de Alicante en orden a la aplicación de la LEY 10/2012, de 20 de noviembre, (BOE 21-11-2012) por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, han adoptado el siguiente
ACUERDO
UNO .- No se devengara tasa judicial en virtud de:
1) Por exenciones subjetivas ( art. 4.2.a) de la Ley) : Los litigantes que tengan reconocido el beneficio de justicia gratuita y lo acrediten, tanto demandas como recursos contra sentencias.
2) Por exenciones objetivas: (art.4.1 a) de la Ley) : Demanda, y recursos contra sentencias, en procesos matrimoniales que versen, exclusivamente, sobre guarda custodia de hijos menores o alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.
3) Por razón de la clase de procedimiento: Procedimientos de mutuo acuerdo, jurisdicción voluntaria, medidas previas o provisionales de los artículos 771 v 773 de la LEC , o cautelares del art. 158 del C. Civil; juicio verbal en reclamación de vistas por abuelos u otros parientes del art. 160 del C. Civil; tampoco en oposición a resoluciones administrativa, en materia de menores o en verbales sobre necesidad de asentimiento en adopción (su objeto por definición afecta a menores) .- Si en el transcurso del proceso o del recurso los menores devienen a la mayoría de edad no se devenga tasa judicial.‑
Demanda iniciadora de procedimientos de inventario o de liquidación de regímenes económicos matrimoniales.
Demandas de ejecución de resoluciones judiciales EN MATERIA DE FAMILIA (sentencias y autos) y sus recursos.
DOS.- Se devenga tasa judicial en.-
1) En procedimientos de nulidad, separación o divorcio y recursos contra sentencia, cuando no existan hijos menores de edad o incapacitados , aun cuando solo se solicite la nulidad, separación o divorcio sin adopción de medidas.
2) En procedimientos de nulidad, separación o divorcio sin hijos menores o incapacitados, y recursos contra sentencia , cuando se soliciten medidas de contenido económico que no exijan resolución de oficio , bien en demanda o bien en reconvención, y a cargo del demandante o reconviniente que lo pida respectivamente.
3) Oposición a ejecución de títulos judiciales derivados de procedimientos de familia que no se refieran a medidas exclusivamente en beneficio de menores o incapacitados. Si la oposición es por medidas en materia de hijos menores y OTRAS QUE NO EXIJAN PRONUNCIAMIENTO DE OFICIO (por ejemplo, compensatoria) ESTAS MEDIDAS NO EXENTAS EN LAS QUE HAY OPOSICIÓN DEVENGAN TASA (por aplicación de la no exclusividad del art. 4.1 a) de la Ley debiendo requerirse al obligado a la autoliquidación a presentarla o presentar escrito excluyendo del objeto del proceso las pretensiones que si devengan tasa).
4.- La oposición al inventario (art. 809.2 LEC), u oposición a liquidación de gananciales (art.810.5 LEC) devengan tasa por el juicio verbal, y por la cuantía que se discute por inclusión o exclusión indebida en el inventario, o por la cuantía derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren cada uno por su respectiva cuantía .‑
5.- En apelación la tasa se devenga contra sentencias, si se recurre por el apelante medidas de naturaleza disponible (por ejemplo: compensatoria y uso de vivienda familiar sin hijos menores o incapacitados).
Alicante, a catorce de enero de dos mil trece

Criterios aplicación tasa por juzgados familia de Madrid

CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LA LEY 10/2012, de 20 de noviembre, en relación con el devengo de la tasa en los asuntos de la competencia de los Juzgados de Familia" Aprobados en la Reunión a la que 1 fueron convocados todos los magistrados de las Secciones 22a y 24a de la Audiencia Provincial de Madrid, y los jueces y secretarios de los juzgados de familia de Madrid, celebrada el día 21 de diciembre de 2012 1.- En los procesos matrimoniales contenciosos (separación, divorcio, nulidad y modificación de medidas) sustanciados por los trámites del juicio verbal especial regulado en los artículos 753 y 770 de la LEC, se devengará tasa, excepto en los supuestos en que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre hijos menores, incapacitados o ausentes. Si en dichos procesos se solicitare la adopción de otras medidas que el juez no pueda acordar de oficio, se devengará la tasa correspondiente. Se devengará tasa en los procesos matrimoniales aunque no existan hijos comunes y no se solicite la adopción de medidas definitivas complementarias. 2.- A los efectos prevenidos en el artículo 8.2, párrafo 2o de la Ley 10/2012, cuando se ejerciten en el mismo proceso pretensiones no sujetas a tasa y otras que sí lo estén, y no se acompañe al escrito de demanda o reconvención el justificante de autoliquidación de la tasa, el Secretario Judicial requerirá al sujeto pasivo para que lo aporte o, en el plazo a tal fin concedido, presente escrito excluyendo del objeto del proceso las pretensiones sujetas a tasa, con las consecuencias previstas en dicho precepto. 3- En los procesos de reconocimiento de eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas del artículo 778 de la LEC, y en los procedimientos de exequatur, no se devengará tasa alguna. De solicitarse la adopción o modificación de medidas se devengará o no la tasa aplicando los parámetros señalados en el criterio 1o. 4.- La demanda de medidas provisionales previas del artículo 771 y la solicitud de medidas provisionales coetáneas del artículo 773, ambos de la LEC, no devengarán tasa en ningún caso por no tratarse de juicios verbales. Tampoco devengan tasa la solicitud de las medidas cautelares del artículo 158 del Cc., ni los procedimientos del artículo 156 del mismo cuerpo legal ni los procesos regulados en los artículos 779 a 781 de la LEC, ni los juicios verbales de reclamación de visitas por abuelos u otros parientes o allegados. 5.- Los procesos contenciosos a que se refiere el artículo 748.4o dela LEC, que versen exclusivamente sobre relaciones paterno filiales, están excluidos del devengo de la tasa. Si en los mismos se ejercitasen, por el actor o el demandado, pretensiones de carácter dispositivo, será de aplicación lo establecido en el criterio 2o. 6.- Los procesos consensuales tramitados conforme al artículo 777 de la LEC, sean matrimoniales o de relaciones paterno filiales, no devengan tasa en ningún caso. 7.- Las demandas ejecutivas de sentencias o autos dictados por los juzgados de familia no devengan tasa. 8.- La oposición a la ejecución en los procesos de familia no devengará tasa para el ejecutado en los casos en que la presentación de la demanda inicial del proceso o la formulación de reconvención hubieren quedado objetivamente exentos del pago de la misma conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, es decir, aquellos en que la oposición se refiera, exclusivamente, a medidas relativas a hijos menores. 9.- Devengo de la tasa en el procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial. La solicitud de formación de inventario a que se refiere el artículo 808.1 de la LEC dará lugar al devengo de la tasa. Cuando proceda la tramitación del juicio verbal previsto en el artículo 809.2 de la LEC, se exigirá el pago de la tasa al demandado si el mismo, en la comparecencia ante el Secretario Judicial, además de oponerse a la inclusión en el activo o pasivo de todas o alguna de las partidas cuya inclusión pretenda el actor, pretendiese, con la oposición de éste, incluir en el activo o pasivo nuevas partidas. En este caso, se considerará al demandado reconviniente y deberá abonar la tasa correspondiente a la reconvención formulada. La solicitud de liquidación a que se refiere el artículo 810.2 de la LEC devengará tasa. b)Cuando proceda la apertura del juicio verbal a que se refiere el artículo 787.5 de la LEC, se exigirá el pago de la tasa al demandado cuando el mismo formule oposición a la aprobación de las operaciones divisorias del contador-partidor. No se devengará, en cambio, tasa alguna para el actor, por el hecho de oponerse a las operaciones divisorias. 10.- A efectos de determinar si se produce o no el devengo de la tasa por la interposición del recurso de apelación, en los supuestos de mayoría de edad sobrevenida de los hijos en el curso del proceso, la edad a tener en cuenta será la que tuvieren tales hijos en el momento de dictarse la sentencia de primera instancia. 11.- La interposición de los recursos de apelación y casación no devengará tasa cuando, a través de los mismos, con independencia de lo que se haya debatido en primera o segunda instancia, se impugnen exclusivamente medidas relativas a hijos menores, devengándose, por el contrario, la tasa cuando la impugnación se refiera tan sólo a medidas de naturaleza disponible, o afecte, además, a otras medidas susceptibles de pronunciamientos de oficio. Ha de tenerse en cuenta al respecto que, según consulta vinculante evacuada por la Dirección General de Tributos con fecha 3 de diciembre de 2012, está exenta de la tasa la interposición de recursos de apelación o casación contra los autos, ya que “la prohibición de la analogía en el ámbito tributario impide la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que considera hecho imponible de la tasa "la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo", a los supuestos de Autos, sino exclusivamente a sentencias. Madrid a 21 de diciembre de 2012

Criterios sobre tasas en familia en Málaga

Acuerdos gubernativos de Magistrados y Secretarios Judiciales de Juzgados de Familia de Málaga de fecha 17/12/2012 que han fijado los siguientes criterios:

1º.- No se devengará tasa en los procesos que se tramiten por el artículo 777 de la LEC. Si los iniciados por vía contenciosa hubiesen devengado tasa se aplicará lo dispuesto en el artículo 8.5 (devolución del 60%).

2º.- En los procesos que se tramiten por vía contenciosa (art. 770 de la LEC) no se devengará tasa cuando existan hijos comunes menores de edad. Tampoco en las modificaciones de medidas (art. 775 de la LEC), ejecución de sentencia y medidas previas de tales procesos.

3º.- No se exigirá el devengo de la tasa en los procesos de guarda y custodia y alimentos de hijos menores de edad (artículo 748-4 de la LEC), modificación de medidas, ejecución y en las medidas cautelares de estos procesos tramitados por vía contenciosa (art. 770 y 775 de la LEC).

4º.- No se exigirá el devengo de tasas en las medidas cautelares del artículo 158, régimen de visitas de abuelos (artículo 160) o procesos del artículo 156 (discrepancias en el ejercicio de la patria potestad) todos ellos del Código Civil.

5º.- Se exigirá la tasa correspondiente en los supuestos del apartado 2º cuando no existan hijos comunes menores de edad o la modificación de medidas o ejecución se refieran a medidas que no afectan a los menores. Igualmente se devengará tasa en los procesos verbales de alimentos entre parientes (art. 142 del Código civil).

6º.- Respecto a los procesos liquidatorios de los artículo 806 y siguientes de la LEC, incluidos los posteriores de adición, se devengará la tasa si tras la comparecencia ante el Sr. Secretario no existiese acuerdo y se convocase al juicio verbal previsto en el art. 809 de la LEC.

7º.- En los demás procesos a los que se refiere lea Ley 10/2012 y que son competencia de los Juzgados de Familia se estará a lo establecido en dicha norma.

Criterios sobre tasas en familia en Valencia

Los Secretarios Judiciales de los Juzgados de Familia de Valencia, en contestación a la comunicación remitida por el Secretario Coordinador de Valencia referentes a problemas o soluciones de aplicación e interpretación de la Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia exponen lo siguiente en relación con la aplicación del articulo 4 de la Ley 10/2012, que regula las exenciones de la tasa judicial, en concreto respecto el apartado 1 a) que establece la exención objetiva de la tasa por la interposición de demanda y ulteriores recursos en relación con procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de sus hijos menores: La exención anteriormente aludida suscita un problema que afecta a un gran numero, por no decir la mayoría de los procedimientos declarativos competencia de los Juzgados de Familia, referente a la determinación de los procesos que deben incardinarse dentro del concepto de procesos de menores y su diferenciación con los procesos matrimoniales, en especial los procesos matrimoniales que afecten a menores. El Titulo 1 del Libro IV de la Lec regula los procesos sobre filiación, capacidad, matrimoniales y de menores, y en concreto dentro del capitulo IV los procesos de menores y matrimoniales, y puesta en relación dicha regulación con la redacción del artículo 4.1.a) de la Ley de Tasas se plantean varias interpretaciones: 1) Una interpretación amplia que considera que prevalece la exención del pago de tasas en todos los procesos en que se ventilen intereses de menores, otorgando un carácter meramente enunciativo a la expresión "así como los procesos matrimoniales". De tal forma que en la totalidad de procesos declarativos en que se ventilen cualquier pretensión que afectan a menores, tanto matrimoniales como no matrimoniales, se deben incluir dentro de la exención objetiva del artículo 4. 2) Otra interpretación restrictiva en la que dentro de los procesos regulados en el Capitulo IV distingue entre a) los procesos matrimoniales, en los que pueden formularse pretensiones que afecten a menores o bien que se trate de matrimonios en los que no existan hijos menores de edad, que incluirían los procesos de nulidad, separación y divorcio, las medidas previas a la presentación de las demandas de nulidad, separación y divorcio así como las modificaciones de medidas definitivas de los procesos anteriores b) los procesos de menores, que incluiría los procesos que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de sus hijos menores y las medidas cautelares derivadas de dichos procedimientos, siendo una característica de dichos procesos el que afectan a hijos extramatrimoniales. Esta interpretación restrictiva consistiría en que quedarían exentos; únicamente los procesos del aparatado b), es decir los procesos de menores, aun cuando también se ejercitaran pretensiones adicionales a los alimentos y guarda y custodia así como de los procesos del apartado a) es decir los matrimoniales, únicamente los matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre. alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de sus hijos menores, debiéndose destacar que dicha exclusividad no puede nunca darse ya que por imperativo del Código Civil el proceso matrimonial debe regular todas las medidas establecidas en el articulo 103 del Código Civil ( patria potestad, uso del domicilio....), y no solamente alimentos y guarda y custodia. En resumen con esta interpretación la practica totalidad de los proceso matrimonial, afecte o no menores, tendrian que liquidar la tasa y aun más, tampoco estarían exentos los procesos del Capitulo V sobre necesidad de asentimiento a la adopción y en materia de protección de menores o incluso cualquier procedimiento que se iniciara al amparo del artículo 158 del Código Civil. Ante dicha situación los Secretarios de los Juzgados de Familia números 8, 9, 24 y 26 de Valencia, con la finalidad de evitar dar un tratamiento distinto a los procedimientos que afecten a menores según sus padres hayan o no contraído matrimonio, y en atención al superior interés del menor y siguiendo el informe del CGPJ sobre el anteproyecto de la Ley de Tasas Judiciales que indicó que frente a la legislación anterior que seguía un sistema de exención basado en la naturaleza sustantiva de la materia, la nueva regulación ha optado por un sistema estrictamente procesal dado que la determinación del ámbito de exención objetiva se fija en atención al procedimiento que debe seguirse, estima que prevalece el criterio de exención de la totalidad de los procesos de menores regulados en el Titulo 1 del Libro IV de la Lec por lo que, salvo instrucción en contrario del Secretario Coordinador de los Juzgados de Valencia, procederá dar curso a las demandas y escritos de interposición de recursos de apelación contra sentencias dictadas en procesos, matrimoniales o no, en que se ventile, en todo o en parte, cualquier pretensión que afecte a menores, aun cuando no se presente el justificante de autoliquidación de la tasa judicial

Criterios sobre la tasa en Juzgados de familia de Granada

ACUERDO GUBERNATIVO DE LOS MAGISTRADOS Y SECRETARIOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE GPANADA N° 3, 10. Ante las dudas suscitadas por la aplicación de la Ley 10/12 sobre Tasas Judiciales y hasta que se respondan los consultas elevados a lo superioridad o existan pronunciamientos jurisprudenciales, se acuerda seguir los criterios que se relacionan:

PROCEDIMIENTOS DECLARATIVOS EXCLUIDOS DE TASA-.

Cuando existan hijos comunes menores de edad: 1 - demanda de nulidad del matrimonio_ 2 - demanda de divorcio 3.- demando de separación matrimonial. 4.- demanda que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de les hijos menores. 5.- demanda de modificación de medidos definitivas. 6.- demanda en solicitud de lo eficacia civil de las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos, 7.-Medidas Previas, cautelares y provisionales, medidas del Art. 156 y 158 del Código Civil y Régimen de visitas del articulo 160 CC de abuelos o parientes. 8 -Recurso de Apelación de procedimientos antes relacionados. PAGO DE TASA Cuando el demandante intervenga con Abogado y Procurador del turno de oficio en las siguientes demandas, SE REQUERIRÁ por plazo de 10 días para que aporte el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, transcurrido el plazo sin su aportación se inadmitirá la demanda archivándose las actuaciones: Cuando no hay hijos comunes menores de edad si hay obligación de acompañar el justificante de pago de la tasa de 150 euros pare interponer les siguientes demandas: 1.- demanda de nulidad del matrimonio. 2.- demanda de divorcio. 3.- demanda de separación matrimonial. 4 - demanda de modificación de medidas definitivas. 5 - demanda en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones dictadas por los tribunales eclesiásticos. 6.-Previas y Provisionales 7 –Reconvención PAGO DE TASA de 800 euros En todos los procesos que motivan las demandas referenciadas para lo interposición del recurso de apelación.

PROCEDIMIENTOS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA competencia de los Juzgados de Familia EXCLUIDOS DE TASA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE TITULO JUDICIAL En los procesos de ejecución de títulos judiciales constituidos en procesos matrimoniales con independencia de que en el proceso declarativo en el que se constituyó el titulo ejecutivo, hubiese o no hijos comunes Menores de edad SE ABONARÁ tasa de 200 euros por toda oposición a la ejecución.

PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES Cuando el demandante intervengo con Abogado y Procurador del turno de oficio, SE REQUERIRÁ por plazo de 10 días para que aporte el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, transcurrido el plazo sin su aportación se inadmitirá la demanda archivándose los actuaciones.

EXENTA DE TASA Cuando se formulen por ambos cónyuges de mutuo acuerdo

PAGO DE TASA La Solicitud de Inventario de los artículos 809 de LEC, incluida su posterior adición, devengará, tasa de 150 euros. La Solicitud de Liquidación del Art. 810 LEC deberá cuantificarse la demanda por la parte actora y devengará la tasa correspondiente al 0'05 % de la cuantía de la demanda

Resolución Juzgado Social num. 1 Benidorm

Resolución Magistrado Juez Juzgado de lo Social Nº 1 de Benidorm.

El CGPJ recomienda dentro de sus buenas prácticas, el establecimiento de reglas comunes en los diferentes órganos jurisdiccionales al objeto de que los ciudadanos tengan certeza de los criterios judiciales en determinadas cuestiones. La entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y que introduce un sistema de pago de tasas judiciales no reembolsable en actos jurisdiccionales, exige, a juicio de este redactor, el establecimiento de un criterio al efecto de la certeza de los ciudadanos y operadores jurídicos.

En el ámbito de la competencia del Juzgado de lo Social, sólo existe este órgano, por lo que la resolución se adopta, por el que subscribe, y la hace pública para su general conocimiento.

- La tasa regulada tiene la naturaleza de precio por la prestación de un servicio en régimen de Derecho Público.

- La tasa es de carácter nacional, y es compatible con otras tasas y exacciones establecidas por las Comunidades Autónomas en el ámbito de su competencia.

- El hecho imponible de la tasa en el ámbito social es la interposición de un recurso de suplicación y de casación.

- El sujeto pasivo es cualquiera que promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el acto sujeto.

- Objetivamente se excluyen los procesos especiales de tutela de derechos fundamentales.

- Subjetivamente están excluidos los que tengan reconocidos el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

- Los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores autónomos tienen una bonificación del 60% de la tasa.

- La tasa se devenga en el momento de interposición del recurso de suplicación o de casación.

- La cantidad fija de la tasa en el orden social es de 500€ en el recurso de suplicación y de 750€ en de casación. Existe además una parte variable en función de la cuantía con un máximo de 10.000€ en función de una escala (hasta 1 millón de €, 0,5%, a partir de dicha cantidad un 0,25%).

- El justificante del abono de la tasa se debe producir en el escrito que interponga el acto sujeto. En caso de no aportarlo se paralizará el trámite del escrito, pero no del plazo de dicho trámite, con lo que habrá el mismo para subsanarlo. Si no se subsanara se daría por finalizado el trámite.

- Está pendiente de aprobarse el modelo oficial

CRITERIO DEL MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 1 DE BENIDORM CARLOS ANTONIO VEGAS RONDA

Este Magistrado entiende contrario al derecho de la Unión Europea, al menos por lo que respecta al ámbito social de la Jurisdicción el establecimiento de estas tasas por los siguientes motivos:

- En el ámbito social de la jurisdicción es habitual la aplicación del derecho de la Unión Europea. Por aplicación de los Tratados, la facultad de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es potestativa para los órganos de primera resolución, pero obligatoria para el órgano que resuelve el litigio en última instancia (art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-antiguo art. 234 TCE-). De esta manera, en no pocas ocasiones el órgano que resuelve el recurso de suplicación o el de casación es el que aplica de manera efectiva el Derecho de la Unión Europea (el denominado acervo social comunitario).

- El establecimiento de una tasa vinculada a la prestación de un servicio público, que en cuantía puede llegar hasta 10.500 euros en el ámbito del recurso de suplicación, y cuyo incumplimiento lleva a la preclusión del acto jurisdiccional es un obstáculo contrario al Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial en los términos del art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la interpretación a dicho precepto establecido entre otras en la Sentencia del TJUE de 06/11/2012del asunto C-199/11.

- En cualquier caso, el diseño de la tasa, establecida según la norma interna como derivada de la prestación de un servicio en régimen de Derecho Público, entraría de pleno en la aplicación de la Directiva 93/13/CEE de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Así la mencionada directiva es de aplicación a prestadores de servicios sean públicos o privados, y se puede identificar el servicio público, con la prestación de los derivados de la tramitación de la actividad jurisdiccional (trámites, medios, notificaciones, etc…). Por tanto, actividad prestataria, sometida a la legislación señalada. En este sentido, el establecimiento de estas tasas, sin explicitar qué sufragan, cómo se han valorado esos gastos para determinar su cuantía, y los efectos que conlleva, le confiere el carácter de cláusula abusiva de acuerdo a la aplicación de la normativa de la Unión.

- En cuanto a los efectos de una normativa contraria al derecho de la Unión, de acuerdo a lo previsto a los principios generales del derecho de la Unión, y la aplicación de la doctrina establecida, entre otras, en las sentencias de 15/07/1964 (Asunto Costa vs ENEL) y 07/09/2006 (Asunto Cordero Alonso), declarando la primacía del derecho de la Unión sobre el derecho interno; y ante una lesión de Derechos Fundamentales de la Unión, la obligación del Juez nacional de inaplicar la normativa interna y reestablecer el Derecho Fundamental con la aplicación del Derecho de la Unión.

En mérito a lo anteriormente señalado

EL MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 1 DE BENIDORM RESUELVE: Que es su criterio, entender que en el ámbito social de la Jurisdicción la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología no es de aplicación al ser contraria al Derecho de la Unión Europea, y no será exigible su pago en los trámites del recurso de suplicación.

El Magistrado Juez

Carlos Antonio Vegas Ronda

 


Jurisdicción social. Juzgado de lo Social número seis de Bilbao

domingo 17 febrero 2013

Jurisdicción social. Juzgado de lo Social número seis de Bilbao.

Un juzgado de Bilbao exime a una trabajadora del pago de tasas en la interposición de un recurso. Un juez de Bilbao ha eximido a una trabajadora del pago de las tasas judiciales en un procedimiento laboral, al considerar que le asiste el derecho a la justicia gratuita como beneficiaria de la Seguridad Social. Conforme a la interpretación que adelantó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de que los trabajadores no deben pagar las tasas judiciales en sus recursos por procedimientos laborales, un auto del Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao de fecha 28 de enero, entiende no aplicable la ley de tasas a los trabajadores. Ante un recurso contra una sentencia de 15 noviembre de 2012 en materia laboral, se dicat resolución del Secretario judicial que, advertida a la parte el defecto de que "junto al mismo no se presentó el justificante de haberse satisfecho tasa alguna bajo el rigor" de la nueva Ley 10/2012, motiva un recurso contra la diligencia del Secretario al que el Juez, resolviendo este recurso dicta un auto que revoca la diligencia que le exigía ese pago. El magistrado ha argumentado la misma interpretación que adelantó en el mes de diciembre la presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun, para "intentar casar la Ley de Tasas y la de asistencia justicia gratuita". A su entender, la Ley de Tasas exime el abono a quienes han obtenido el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita. A su vez, la norma que regula ese derecho establece que las personas trabajadoras tienen automáticamente reconocido el derecho a litigar gratuitamente en la jurisdicción social. Así, "en tanto no se modifique la ley de asistencia jurídica gratuita", los trabajadores que cotizan a la Seguridad Social "disfrutan de ese derecho a litigar gratis". El juez expone que "la conjugación de ambos preceptos, vigentes ambos, lleva a admitir una diferenciación conceptual entre dos términos que para el legislador son diferentes dentro de este contexto, como lo son los de trabajador y beneficiario de la seguridad Social". Es por eso, añade, "que no procede exigir la tasa mencionada", en la ley 10/12 a recurrente.

 


Jurisdicción Civil. Juzgados de Instancia de Padrón (A Coruña). Divorcios de mutuo acuerdo.

domingo 17 febrero 2013

Jurisdicción Civil. Juzgados de Instancia de Padrón (A Coruña). Divorcios de mutuo acuerdo.

Frente a la generalización del criterio de exención de tasa judicial en los procedimientos matrimoniales de mutuo acuerdo, el Secretario Judicial de los Juzgados de Primera Instancia de Padrón (A Coruña), por entender aplicable la tasa en estos supuestos, ha dictado DILIGENCIA DE ORDENACIÓN de fecha uno de Febrero de dos mil trece por la que "Presentado el anterior escrito de demanda, con sus documentos, por el/la Procurador/a, Sr./a. Manuel Merelles Pérez, y apreciada la existencia de defecto/s formal/es consistente/s en la carencia impreso justificativo de liquidación de la tasa modelo 696, acuerdo: Incoar el procedimiento previa asignación de número de registro y Requerir a la parte demandante para que en el plazo de 10 DÍAS proceda a su subsanación, bajo apercibimiento de archivo de las actuaciones de no subsanarlo dentro de dicho plazo.”

Frente a dicha diligencia, en fecha 6/2/2013 se ha interpuesto recurso PENDIENTE DE RESOLVER AL DIA DE LA FECHA, en el que entendiéndose cometida infracción de los arts. 264, 265, 266, 403 y 404 LEC, y arts. 2, 4, 6, 7, Ley 10/2012; art. 1 Orden HAP/2662/2012 y art. 14 LGT se insta a reponer la resolución dictada en base, esencialmente, a las siguientes ALEGACIONES.

1-La demanda presentada reúne los requisitos previstos en la ley procesal en su artículo 409 y debidamente acompañada de los documentos previstos en el art. 264, 265 y 266 LEC.

2-El Artículo 403.1º LEC, en cuanto a la admisión de la demanda establece que "Las demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas en esta Ley", estableciéndose en el Artículo 404. que el Secretario judicial, examinada la demanda, dictará decreto admitiendo la misma y dará traslado de ella al demandado para que la conteste en el plazo de veinte días.

3- El Artículo 1 de la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, en desarrollo de la Ley 10/2012 establece que ".. No obstante, no existe la obligación de presentación en los supuestos que resulten exentos de acuerdo con lo dispuesto en La Ley 10/2012", debiendo asimismo extenderse a los supuestos que no se encuentran gravados por dicha disposición.

4- El Artículo 2 de la Ley 10/2012 de tasas judiciales establece genéricamente como hecho imponible de la tasa " el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales: a) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos".

La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, dedica su LIBRO II a los PROCESOS DECLARATIVOS, siendo pacífica la doctrina y la Jurisprudencia en clasificar estos procesos declarativos en: i) ordinarios (juicio ordinario y juicio verbal) y ii) especiales (procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, procesos de división judicial de patrimonios, proceso monitorio y cambiario).

En materia de tasas judiciales, no existe una referencia expresa al proceso matrimonial más allá del llamamiento al gravamen genérico de los procesos declarativos contenido en el art. 2 LTJ, si bien el artículo 4.1º a) LTJ regula las exenciones objetivas, estableciendo en su apartado a) la interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos de capacidad, filiación y menores, así como los procesos matrimoniales que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

5- El Artículo 7 de la Ley 10/2012 de tasas judiciales recoge la determinación de la cuota fija de la tasa judicial en su apartado primero para los procedimientos que taxativamente se relacionan sin que exista mención expresa al proceso especial matrimonial de mutuo acuerdo.

Los procesos de divorcio de mutuo acuerdo, por lo que respecta a la clase de juicio previsto en la LEC 1/2000 de 7 de enero, se sustancian por los trámites regulados en el artículo 777 de la L.E.C que prevé que a la demanda deberá acompañarse la certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, las de inscripción de nacimiento de los hijos en el Registro Civil, así como la propuesta del convenio regulador conforme a lo establecido en la legislación civil y el documento o documentos en que el cónyuge o los cónyuges funden su derecho, incluyendo, en su caso, el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar, acordando en primer lugar, como ordena el apartado 3 del precepto, citar a los cónyuges para ratificarse por separado en su petición y sin perjuicio de lo previsto en su apartado 5, si hubiere hijos menores o incapacitados.

6-El artículo 14 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, recoge los principios de legalidad y tipicidad tributaria sobre la prohibición de la analogía y establece que no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales.

La aplicación de la analogía implica en todo caso la existencia de una laguna legal y que exista una norma que regule un supuesto de hecho semejante al que se somete a consideración. De este modo, vemos que la LTJ contiene una laguna legal en el art. 7 al no contemplar una cuota fija para los procesos matrimoniales de mutuo acuerdo.

7-Todo lo expuesto nos permite fundamentar las serias dudas que plantea la aplicación de una tasa judicial a un proceso especial sin una cuota fija expresamente recogida en el art. 7.1º LEC y más aún, cuando por el objeto específico de estos procedimientos, dejaría sin contenido la exención prevista en el art. 4.1º a) LTJ.

8-A mayor abundamiento resaltaremos que la "indisponibilidad del objeto del proceso" sentada por el art. 751 LEC implica que en estos procedimientos no surtirán efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción. Este principio supone una ruptura del principio de igualdad constitucional ante la Ley frente aquellos supuestos procedimentales en los que operada la figura de la transacción se verían beneficiados de la devolución de la tasa en un 60% prevista por el art. 8.5º LTJ.

9- Así lo han entendido desde la judicatura (Acuerdo gubernativo de Magistrados de los Juzgados de Familia de Málaga de fecha 17/12/2012) al considerar exentos de tasas los procesos que se tramiten por el artículo 777 de la LEC, esto es, los procesos de separación o divorcio solicitados de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro. En este mismo sentido de entender no afectos a tasas los procedimientos de mutuo acuerdo, se han pronunciado mediante acuerdo de fecha 17/12/2012 los Secretarios Judiciales de Familia de Málaga y de Santiago de Compostela en fecha 20/12/2012); Acuerdo gubernativo de fecha 22/1/2013 de las Sras. Magistradas y Secretarias Judiciales de los Juzgados de Familia núm. 4 y 8 de Vitoria; CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA TASA JUDICIAL (impuesta por LA LEY 10/12, DE 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en la Administración de Justicia), adoptados conforme reunión de los Secretarios Judiciales de los Juzgados de Familia de Barcelona en fecha 17/01/2013; Acuerdo adoptado por los Secretarios de los Juzgados de Familia (n° 8 y 10) relativo a las tasas judiciales en Alicante, a quince de enero de dos mil trece; Los Secretarios Judiciales de los Juzgados de Familia de Valencia, Madrid etc.;

En virtud de lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito, lo admita y con suspensión del plazo otorgado para la aportación del modelo 696, acuerde previo traslado al Ministerio Fiscal por imperativo del art. 749 LEC, reponer la resolución dictada conforme a lo interesado en el expositivo, acordando la admisión a trámite de la demanda presentada.

 


Comunicación Defensor del Pueblo. Fecha 12/2/2013.

domingo 17 febrero 2013

Comunicación Defensor del Pueblo. Fecha 12/2/2013. Salida 13017730. Entrada Secretaría Particular Ministerio de Justicia 12/2/2013. Nº 358

Se han recibido en el registro del Defensor del Pueblo 3816 escritos de organizaciones y ciudadanos expresando su rechazo a la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como "Ley de Tasas Judiciales". Muchas de estas peticiones consisten en la solicitud a la Defensora del Pueblo de que interponga recurso de inconstitucionalidad.

Esta Institución, como mediadora entre los ciudadanos y los poderes públicos en defensa del libre ejercicio de los derechos fundamentales que les reconoce la Constitución, tras analizar las solicitudes recibidas, examinar la reciente doctrina constitucional sobre la materia y estudiar los antecedentes legislativos, en particular la Memoria de análisis de impacto normativo del Ministerio de Justicia y los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, ha considerado oportuno, de conformidad con el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, formular a V.E. las siguientes

RECOMENDACIONES

1) La dificultad de objetivar el carácter excesivo o muy elevado de una tasa a los efectos de formular al mismo un reproche de inconstitucionalidad, no merma la preocupación del Defensor del Pueblo si se diere el caso de que un ciudadano no pudiera acceder a la jurisdicción (artículo 24.1 CE), en razón meramente de la cuantía de la tasa particularmente en la primera instancia civil o contencioso administrativa.

En efecto, la tasa variable en primera instancia civil y contencioso administrativa podría alcanzar miles de euros, con el límite de diez mil, en razón de la cuantía del litigio, sin que ello signifique necesariamente que el ciudadano tenga la liquidez necesaria para hacer frente a pagos de esa entidad, aun cuando tuviere ingresos que impidan su acceso al beneficio de justicia gratuita. El Defensor del Pueblo considera por ello que deberían reducirse considerablemente las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa, no tanto porque en abstracto sean per se lesivas de derecho alguno, sino porque existe un alto riesgo de que pudieran serlo en casos individualizados.

2) Asimismo, y como caso especial, en el procedimiento administrativo sancionador será frecuente que la tasa se aproxime mucho al valor del litigio, y la posible condena en costas de la Administración es tan matizada (artículo 139.1 de la Ley 29/1998: no cabe aun cuando la Administración perdiere el proceso si existen "serias dudas de hecho o de derecho") que no resulta suficiente mecanismo compensatorio.

Por ello, se deberían eliminar las tasas establecidas en primera instancia en el orden jurisdiccional contencioso administrativo cuando se enjuicien procedimientos administrativos sancionadores.

3) El Defensor del Pueblo ha mostrado especial sensibilidad en el último año al problema de las ejecuciones hipotecarias, en el contexto de la situación económica del país. No parece que la posición jurídica del ejecutado se vea beneficiada si ha de pagar las tasas abonadas por el ejecutante como consecuencia de una condena en costas o ha de abonar tasas si reconviene. Debería establecerse también en la ejecución hipotecaria bien la exención de tasas bien, en el caso del ejecutado, una norma que le eximiera del abono de las costas de la parte contraria.

4) Por las mismas razones de interés social, y en el contexto de la grave situación económica de nuestro país, que está produciendo una fuerte destrucción de empleo y el empeoramiento general de las condiciones laborales, sería conveniente eximir al orden social del pago de tasas en los recursos de suplicación y casación.

5) Por razones de coherencia doctrinal, no parece lógico que las actuaciones judiciales que deben producirse si fracasa la solución extrajudicial de conflictos que es el arbitraje (ejecución en el arbitraje) estén sometidas a tasa. Sin duda que es acertado que se procure la solución de pequeños conflictos por vías extrajudiciales, como también que el artículo 8.5 de la Ley de Tasas establezca la devolución del sesenta por ciento de la tasa cuando se alcance, iniciado el proceso, una solución extrajudicial del litigio. La coherencia del sistema se completaría no devengando tasa la ejecución en el arbitraje.

6) El artículo 35.2. d) de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que restableció las tasas judiciales, declaraba exentos a los sujetos pasivos que tuvieran la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. El criterio de la capacidad económica a que se refiere esta previsión de la Ley 53/2002 debiera recuperarse para establecer tasas más o menos elevadas en función de las diferentes circunstancias que pueden concurrir en las personas jurídicas.

7) Si bien el "derecho a los recursos" no tiene la misma entidad constitucional que el derecho a la tutela judicial (artículo 24.1 CE), sería conveniente moderar las tasas establecidas, de modo que los impedimentos para el acceso a los recursos que establecen las leyes procesales no puedan considerarse excesivos para garantizar el doble conocimiento de los asuntos -cuando el legislador así lo quiere-y la tarea unificadora de la jurisprudencia en condiciones de igualdad para todos los interesados.

8) La vigente Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no se redactó tomando en consideración que los beneficiarios de la misma estarían exentos de tasas, pues éstas no existían. Teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo 4. 2. a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, no pagarán tasas "las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora", se constata que, desde esta perspectiva, la Ley de 1996 deviene claramente obsoleta. Es necesaria una nueva Ley que permita configurar un sistema de tasas más justo. Si bien hubiera sido deseable que la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se tramitase simultáneamente a la de Tasas, debe valorarse positivamente el Anteproyecto informado por el Consejo de Ministros el 11 de enero de 2013. Pero es un hecho que dicho Anteproyecto dista de haberse convertido en Ley, y que desde el 17 de diciembre de 2012 los ciudadanos deben abonar tasas sin el contrapeso de una nueva Ley de Justicia Gratuita a la altura de las circunstancias. Esta carencia debe corregirse mediante:

a) Una tramitación diligente y receptiva a las observaciones de los sectores interesados.

b) La compensación a los afectados que, habiendo debido pagar tasas bajo la vigencia de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, hubieran quedado exentos bajo la vigencia de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que se apruebe.

En espera de la remisión a esta Institución, a la mayor brevedad, de la oportuna respuesta sobre la aceptación o rechazo de estas Recomendaciones, saluda a V.E. Muy atentamente, Madrid, 12 de febrero de 2013.

Fuente. www.defensordelpueblo.es. NOTA DE PRENSA 12/2/2013

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Noticia sin título

domingo 17 febrero 2013

En el siguiente enlace se facilita el acceso al contenido íntegro del Informe del Defensor del Pueblo en materia de Tasas Judiciales y sus recomendaciones.

https://sites.google.com/site/despachomerellesperez/tasas-judiciales/acuerdos-y-resoluciones#TOC-Comunicaci-n-Defensor-del-Pueblo.-Fecha-12-2-2013.-Salida-13017730.-Entrada-Secretar-a-Particular-Ministerio-de-Justicia-12-2-2013.-N-358


ANÁLISIS NUEVAS TASAS JUDICIALES

domingo 17 febrero 2013

Análisis nuevas Tasas Judiciales, por La Delegación de Coín del Colegio de Abogados de Málaga.

Otros

coloquiodelegacion coinicamalagamalagatasas judiciales

14 Feb 2013 - 14 Feb 2013 Málaga (ver mapa)

Recoger

El pasado 14 de noviembre el Senado aprobó la Ley de Tasas Judiciales, una normativa que ha provocado la protesta de todos los profesionales del ámbito jurídico. En Málaga, los abogados se manifestaron el 28 de noviembre, un acto que fue secundado por más de 2.000 personas. Para analizar esta nueva norma, la comisión de formación y cultura de la Delegación de Coín del Colegio de Abogados de Málaga, en colaboración con la editorial Ley 57, organiza una charla-coloquio que se celebrará el próximo 14 de febrero en la sede colegial.

Manuel Merelles Pérez, procurador de los Tribunales de Santiago de Compostela, Carlos Cómitre Couto, abogado del Colegio de Abogados de Málaga, ambos coautores del libro “La nueva ley de tasas judiciales. Texto, comentario y alternativas”, serán los ponentes de esta charla, que busca ofrecer a los asistentes un análisis crítico y objetivo sobre la normativa.

Además de analizar las nuevas tasas judiciales y dudas sobre su constitucionalidad, ambos profesionales explicarán el texto haciendo referencia a casos prácticos y a su aplicación inmediata. Tras su exposición, tendrá lugar un coloquio con los asistentes para exponer cuestiones y resolver posibles dudas.

Horario: 16:00 horas

http://www.eventosjuridicos.es/es/eventos/analisis-nuevas-tasas-judiciales-por-la-delegacion-de-coin-del-colegio-de-abogados-de-malaga/3508/


Charla- coloquio sobre las nuevas tasas judiciales

domingo 17 febrero 2013

Charla- coloquio sobre las nuevas tasas judiciales

Este evento es 14 febrero 2013 4:00pm (finaliza el 14 febrero 2013 7:00pm)

Charla-coloquio sobre las nuevas tasas judiciales, organizada por la Delegación de Coín del Colegio de Abogados de Málaga, en colaboración con la editorial Ley 57. Manuel Merelles Pérez, procurador de los Tribunales de Santiago de Compostela y Carlos Cómitre Couto, abogado del Colegio de Abogados de Málaga, ambos coautores del libro ´La nueva ley de tasas judiciales. Texto, comentario y alternativas´, serán los ponentes de esta charla, que busca ofrecer a los asistentes un análisis crítico y objetivo sobre la normativa.

http://www.abogacia.es/events/event/charla-coloquio-sobre-las-nuevas-tasas-judiciales%C2%B4/


Anotación preventiva embargo Inmueble titularidad ganancial. Notificación personal del embargo al cónyuge del deudor. Defecto subsanable. Anotación de la suspensión de la anotación preventiva de embargo

domingo 17 febrero 2013

Anotación preventiva embargo Inmueble titularidad ganancial. Notificación personal del embargo al cónyuge del deudor. Defecto subsanable. Anotación de la suspensión de la anotación preventiva de embargo.

 

 

Según el artículo 42.2º Ley Hipotecaria podrá pedir anotación preventiva el que haya obtenido embargo sobre los bienes inmuebles del deudor.

 

En la práctica procesal, acostumbra a ser el Procurador del acreedor quien confecciona el escrito interesando la expedición del oportuno mandamiento para su posterior gestión registral. Lejos de entender este acto como de "mero trámite", debemos recordar que la anotación preventiva de embargo produce 2 efectos:

 

1.      Garantizar la efectividad del embargo al evitar la aparición de un tercero registral.

2.      La preferencia del crédito para el cobro según los art. 1923 Código Civil y 44 Ley Hipotecaria.

 

Resulta conveniente obtener con carácter previo al embargo, una nota simple informativa del inmueble a embargar. De ésta obtendremos información relevante que supondrá evitar dilaciones innecesarias como el caso planteado.

 

Al ser ganancial, el art. 144 RH exige que el embargo haya sido notificado al cónyuge del deudor a los efectos establecidos en el derecho sustantivo, pero además, el Procurador debería vigilar que esta notificación se realice conforme viene exigiendo la DGRN en sus informes, para que aquella sea considera bien realizada y así se pueda proceder a su anotación, circunstancia ésta que vienen exigiendo los Registro de la Propiedad escrupulosamente. El procurador encargado de la tramitación del Mandamiento de anotación preventiva, es sin duda el garante de la revisión de los aspectos formales de dicho documento a fin de que aquél acceda al Registro. Habrá de comprobar los requisitos formales exigidos por las legislación hipotecaria para su anotación, como los datos identificativos de los intervinientes, la competencia registral, que el despacho sea remitido previamente conforme al art art. 629 LEC y su consiguiente plazo de presentación formal a fin de evitar la caducidad del asiento de presentación, etc.

 

Asimismo será el encargado de la tramitación y por tanto obligado a conocer la legislación, no sólo en el ámbito registral, si no aquella derivada de aspectos fiscales, bien estatal, bien autonómica que conlleva la gestión del Mandamiento de anotación, como la sujeción y en su caso, liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados.

 

No está de más conocer la normativa registral en materia arancelaria para informar debidamente al cliente y a su letrado, sobre la minuta emitida por el Registro, que deberá suplir el Procurador, en nombre de su cliente y su posible impugnación. Además, hemos de llevar escrupulosamente la información al cliente de los suplidos abonados en nombre del cliente para evitar problemas en nuestra contabilidad y en la del cliente cuando éste es una sociedad, especialmente, en el tema de impuestos como el IVA e IRPF, que deberá contabilizar la entidad a fecha de emisión.

 

Un aspecto fundamental, es la solicitud expresa y por tanto que ésta se recoja en el Mandamiento de anotación, de la solicitud de la "anotación de la suspensión de la anotación preventiva", evitando de este modo, ante defectos subsanables u otros, la posible pérdida de la preferencia en la anotación y por tanto la eficacia que con este despacho se persigue.

 

Ciertamente, en ningún lugar de la LH o del RH se contempla clara y explícitamente que la anotación de suspensión por defecto subsanable sea causa de prórroga del asiento de presentación, y aunque cierto también que existe doctrina contradictoria sobre el particular, en la práctica, que es en definitiva lo que en el ejercicio de la procura prevalece, es que, a fin de evitar la pérdida del efecto de la anotación preferente en el tiempo, resulta necesario que el mandamiento recoja expresamente esta solicitud.

 

A mayor abundamiento, el artículo 629.2º LEC determina que si el bien embargado no estuviere inmatriculado, o si estuviere inscrito a favor de persona distinta del ejecutado, pero de la que traiga causa el derecho de éste, podrá tomarse anotación preventiva de suspensión de la anotación preventiva de embargo, en la forma y con los efectos previstos en la legislación hipotecaria, de modo que si esta posibilidad es ya solicitada en el propio escrito en el que se pidió la anotación del embargo y así se recoge expresamente en el Mandamiento expedido, ahorraremos al representado, tiempo y costes económicos innecesarios.

 


PREJUDICIALIDAD PENAL

domingo 17 febrero 2013

PREJUDICIALIDAD PENAL

RESUMEN. El examen del artículo 40 de la LEC, denota como regla general, que la suspensión solo se puede acordar, mediante auto, una vez que el proceso esté pendiente sólo de sentencia, permitiendo, como supuesto especial, la suspensión automática, es decir la que se puede adoptar sin esperar a la conclusión de todos los trámites de procedimiento civil antes de quede pendiente el mismo de sentencia, cuando se siga causa criminal por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados, y el mismo, puede ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto.

 

 

La base legal de la prejudicialidad penal  se encuentra en el artículo 40 de la LEC, siendo así que los requisitos exigidos por dicho precepto para que proceda la suspensión viene a coincidir con los que se establecen en el artículo 10.2 de la LOPJ, aunque con mayor precisión y detalle. Dichos requisitos imprescindibles se concretan en el apartado segundo del artículo 40.2 de la LEC en la existencia de proceso penal en el que se investiguen hechos que sirvan de fundamento a la demanda o pretensión civil correspondiente y, cumulativamente, en la circunstancia consistente en que sean dichos hechos de influencia decisiva en la resolución del pleito civil pendiente. El examen del artículo 40 de la LEC, que como se ha expuesto se ocupa de regular la prejudicialidad penal, denota que el legislador desea que se interfiera lo más mínimo el procedimiento civil, y así, como regla general, indica que la suspensión solo se puede acordar, mediante auto, una vez que el proceso esté pendiente sólo de sentencia si se acredita la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil y la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil, permitiendo, como supuesto especial, la suspensión automática, es decir la que se puede adoptar sin esperar a la conclusión de todos los trámites de procedimiento civil antes de quede pendiente el mismo de sentencia, cuando se siga causa criminal por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados, y el mismo, a juicio del tribunal, puede ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto, siendo este pues el momento procesal en el que  ha de efectuarse pronunciamiento respecto a la solicitud de suspensión por prejudicialidad penal.

 


La necesidad del interrogatorio de la propia parte y la tutela efectiva

domingo 17 febrero 2013

La necesidad del interrogatorio de la propia parte y la tutela efectiva.

La respuesta a esta pregunta adquiere capital importancia cuando el objeto de la litis puede resultar imprescindible para obtener una sentencia favorable a las pretensiones en él ejercitadas, especialmente cuando pudieran no existir otros medios de prueba eficaces con los que hacer valer nuestros derechos.

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) parte de la premisa de negar ab initio la posibilidad del interrogatorio de la propia parte en el proceso al establecer en el Artículo 301, apartado primero, que "Cada parte podrá solicitar del tribunal el interrogatorio de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio. Un colitigante podrá solicitar el interrogatorio de otro colitigante siempre y cuando exista en el proceso oposición o conflicto de intereses entre ambos".

Dicho precepto, si bien acota la prueba del interrogatorio de parte al de las demás, es cierto que ni contempla ni tampoco prohíbe el de la propia. Como excepción atenuada a la regla general de admisión de la prueba respecto a las partes contrarias, admite el interrogatorio del colitigante única y exclusivamente cuando exista oposición o conflicto de intereses entre ambos en el proceso.

La meritada regulación legal supone de facto que, salvo que la parte contraria proponga en el acto de la audiencia previa el interrogatorio de nuestra parte y la admita el órgano judicial (hecho que no ocurre en la práctica cuando dicha prueba podría serle perjudicial), se cercenaría a la parte, motu proprio, la posibilidad de ser oído en el proceso, ya que no podría ser interrogado como parte, ni por el hecho de serlo, tampoco podría declarar como testigo.

La negativa a la posibilidad del interrogatorio de la propia parte es respaldada por la mayoría de la Doctrina y de la Jurisprudencia en base a diferentes argumentos:

1º.- Afirmando que, la versión de los hechos de cada parte aparece ya plasmada en los correspondientes escritos de demanda y contestación y que luego son fijados en el acto de la audiencia previa (Artículos 414 y 426 de la LEC). Cierto, pero en ambos casos, lo es a través de las alegaciones escritas y verbales del Letrado, pero nunca a través de la declaración de la propia parte.

2º.- Admitiendo que, el interrogatorio de la propia parte implicaría la posibilidad de que las partes realicen alegaciones extemporáneas habiendo precluido el plazo para ello. La función procesal del Juez debería tutelar que las partes se ciñeran en sus preguntas a los hechos alegados en su momento, como se realiza cuando propone el contrario el interrogatorio de nuestra parte y se nos permite interpelar a nuestro representado con nuevas preguntas para la determinación de los hechos y que serán repelidas por el órgano judicial en caso de impertinencia o inutilidad (Artículo 306.1º LEC).

3º.- Considerando que, la utilidad probatoria del interrogatorio de la propia parte se limitaría al reconocimiento de hechos ciertos y enteramente perjudiciales (artículo 316.1º LEC). Circunstancia ésta predicable en cualquier interrogatorio de parte, propia o ajena, y que no debe desvirtuar el hecho de que todas las demás declaraciones de las partes vertidas en él, deban ser valoradas por el juez según las reglas de la sana crítica (Artículo 316.2ºLEC).

Es práctica habitual dentro del ámbito del derecho privado la existencia de relaciones contractuales de carácter verbal que sitúan a la parte, en caso de litigio, en una precaria situación procesal si no se admitiere su declaración para constatar indubitadamente, primero, la existencia del contrato y segundo, el alcance de los pactos alcanzados entre las partes. Sin olvidarnos de que en muchas ocasiones son obligados, para ser contratados, a firmar contratos de adhesión, en los que se establecen cláusulas unilateralmente impuestas por una de las partes.

En la praxis, en atención a las particularidades del caso planteado y de la especialidad de la materia enjuiciada, el Juez debería de valorar la pertinencia y utilidad de la prueba propuesta por la propia parte, admitiéndola, en su caso, al amparo del Artículo 299.3º de la LEC, que se articula como "cajón de sastre" respecto a los medios de prueba planteados en los apartados primero y segundo del referido artículo, siempre que no fuera posible su incardinación legal en los mismos: "Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias". Debiendo prevalecer la búsqueda de la verdad de lo acontecido sobre la rigidez, a veces excesivamente formal, del proceso.


El artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y su aplicación práctica. Intervención del Procurador

domingo 17 febrero 2013

El artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y su aplicación práctica. Intervención del Procurador.

 

El artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado limita el contenido del testimonio  que el juez instructor ha de remitir al Tribunal del Jurado, testimonio que sólo debe comprender, además de los escritos de calificación de las partes y del auto de apertura del juicio oral, “la documentación de las diligencias no reproducibles y que hayan de ser ratificadas en el juicio oral”. 

Suele ser una errónea práctica habitual, que el Juzgado de Instrucción no cumpla correctamente esa prescripción. En numerosas ocasiones, el instructor, en el Auto de apertura de juicio oral acostumbra a acordar la expedición del testimonio, para remitir al Tribunal del Jurado, de los escritos de calificación de las partes y del propio Auto, sin pronunciarse sobre las pretensiones de las partes sobre la remisión de testimonios de las diligencias no reproducibles. En la práctica lo que el Juzgado de Instrucción suele remitir es el testimonio íntegro de las actuaciones.

Respetar el sentido del artículo 34 de la LOTJ obliga al Tribunal a discriminar, en el marco de las peticiones de las partes, qué documentación debe incluirse en el testimonio, por referirse a diligencias no reproducibles y cual debe desglosarse y devolverse al juzgado de instrucción por referirse a diligencias reproducibles en el acto del juicio.

Por supuesto esta decisión nada tiene que ver con que las partes puedan interesar del juzgado de instrucción los testimonios que les interesen para su utilización en el acto del juicio oral, conforme a lo previsto en el artículo 34.3 de LOTJ. Ahora bien, esos testimonios son para su uso y deben estar en su poder, no en el de éste Tribunal.

Esto ha de tenerse en cuenta, toda vez que no en pocas ocasiones los procuradores solemos recibir instrucciones de los letrados para personarnos ante el Tribunal en las que nos remiten además del emplazamiento, los testimonios solicitados en su día ante el Juzgado de instrucción para su presentación ante el Tribunal, por lo que debe advertirse al letrado del error y evitar actuaciones procesales que pudieran devenir en una eventual nulidad de actuaciones.


Aplicabilidad de las tasas judiciales en procedimientos matrimoniales

domingo 17 febrero 2013

-"Aplicabilidad de las tasas judiciales en procedimientos matrimoniales". Manuel Merelles Pérez. Artículo ACEPTADO 17_01_13. LA LEY. GWK. Revista Práctica de Tribunales 101 correspondiente a los meses de Marzo/Abril de 2013.

RESUMEN. La Ley 10/2012 sobre tasas judiciales, además de suscitar enormes dudas sobre su constitucionalidad, ha venido a provocar lo que el espíritu de su exposición de motivos trataba de paliar, un verdadero colapso jurisdiccional a causa de las dudas interpretativas sobre su aplicabilidad, que han venido a suponer, por tratarse de un requisito de admisibilidad, una conversión de nuestros Juzgados y Tribunales en órganos gestores de la Administración Tributaria obligados a sentar criterios orientadores ajenos a su misión de juzgar y ejecutar lo juzgado. En este trabajo se analiza la aplicación de la Ley 10/2012 sobre tasas judiciales en los procedimientos matrimoniales, la aplicabilidad y determinación de la cuota fija y base imponible sujeta a gravamen, así como su incidencia en materia de condena en costas procesales.

PALABRAS CLAVE. Tasa judicial. Procesos matrimoniales. Cuota fija y variable. Base imponible. Costas. Exigencias formales. Criterios interpretativos. Exenciones. Alimentos. Menores. Principio de prohibición de la analogía.